EN EL CONGRESO

López pregunta al Estado si va a pagar los daños causados por los acogidos en los polideportivos

López pregunta al Estado si va a pagar los daños causados por los acogidos en los polideportivos
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Imagen del polideportivo 'La Libertad'.

La diputada nacional por Ceuta, Teresa López (Vox), ha formulado otra pregunta al Gobierno central sobre la situación de los pabellones 'La Libertad' y 'Santa Amelia', que tilda de "insostenible y límite". Ahora dice querer saber si el Gobierno de la Nación "va a asumir los daños materiales que se han producido por parte de las personas acogidas" en ambas infraestructuras, "cuyo mantenimiento cuesta 300.000 euros mensuales a todos los contribuyentes ceutíes”, según recuerda.

López también ha pedido al Ejecutivo de Pedro Sánchez "que diga si cree que esta es la mejor forma de garantizar la seguridad y la salud de los inmigrantes y transfronterizos allí acogidos, así como de los ceutíes".

La congresista expone en su interpelación por escrito que "los conflictos, peleas y fugas se suceden" y que "a pesar de las reiteradas denuncias por parte de Vox Ceuta" y fundamentalmente pr parte del Gobierno de la Ciudad "para que la Delegación del Gobierno tome las riendas de esta situación y no siga eludiendo su responsabilidad sobre los menores extranjeros, inmigrantes y transfronterizos acogidos en ambas instalaciones, nada ha cambiado".

López pregunta ahora, según ha explicado Vox Ceuta este martes en un comunicado, "a qué está esperando el Gobierno de la Nación, el único con competencias en materia de inmigración, para 'tomar decisiones ajustadas a la situación límite que se vive en los pabellones”. La parlamentaria ceutí cuestiona si va a dejar el Ejecutivo “que siga pasando el tiempo sin poner sobre la mesa una alternativa a 'La Libertad' y 'Santa Amelia' para acoger a los menores marroquíes, inmigrantes y transfronterizos”.

La diputada subraya que “cerca de 50 días lleva el Gobierno sin actuar en los pabellones que Delegación decidió usar como enclave para acoger ainmigrantes y menores extranjeros que estaban por las calles, y a transfronterizos que se quedaron sin poder cruzar a Marruecos”. Por ello, quiere que el Ejecutivo, que ha dado ya casi 2 millones de euros a la Administración autómica para atender las consecuencias sociales de la crisis sanitaria, se pronuncie sobre si “va a dejar de eludir su responsabilidad después de que Delegación haya dejado en manos del Gobierno local el cuidado y vigilancia de estas personas”.

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