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Mail al director | 14 de septiembre de 2018

Javier Ángel Díez Nieto

Desde hace algún tiempo nuestros políticos se enfrentan a nuevos retos. Ahora se investiga minuciosamente sus currículums, buscando en ellos errores, tráfico de influencias universitarias o calidades en sus trabajos. Bueno… ahora lo llaman cohecho impropio y cooperación necesaria para la prevaricación administrativa, delitos que les permiten acosar y eliminar a los demás oponentes políticos. Y esto simplemente muestra una insaciable necesidad de poder que busca eliminaciones de determinados cargos públicos opositores, pero que ha demostrado una gran eficacia. Empezaron por Cristina Cifuentes, siguieron con Pablo Casado, luego fue la ministra Montón y ahora es la del presidente Pedro Sánchez y también Albert Rivera ha caído en la sospecha. Hasta ahora solo son estudios superiores, creo que dentro de poco se hará también con los títulos de primaria. En fin… que tenemos a todo un elenco de políticos a quienes se les ha juzgado y se juzga públicamente por sus engaños y favores académicos, nunca por su actividad política.

Sin duda estamos ante personas que han llegado a la política con méritos transformados y construidos por las diferentes universidades españolas de forma más o menos sospechosa. Y por ello dentro de la ética que algunos vaticinan y exigen, normalmente solo a los demás se les han puesto en una situación altamente peligrosa de la que va a ser muy difícil salir. En este punto de nuevo recuerdo el epigrama de Horacio (que ya he comentado en otro artículo), cuando decía: “Tício, me han dicho que has robado 3.000 sestercios…pobre de ti si no es cierto”. Porque en el fondo es lo que les está pasando a todos.

Y así están las cosas…todos obligados a demostrar de forma minuciosa que en su historial no existe la más leve sospecha de su inocencia. A freír monas la presunción de inocencia y la carga de la demostración de la culpabilidad, Porque demostrar la inocencia no es tan sencillo ya que tienen que mostrar de forma satisfactoria, no ante un tribunal especializado sino ante la libre y variopinta opinión pública sin excepción, algo que es prácticamente imposible, ya que siempre habrá quien no se crea su inocencia. Es lo que tienen los juicios públicos de la calle y la prensa. Porque como decía Tomas Moro cuando era juzgado: “La calle puede opinar lo que quiera, pero los tribunales deben sujetarse a la razón de los hechos y de las leyes”. Es decir que en la calle es más agradable despedazar que reflexionar.

Lo terrible de todo esto es que a quien verdaderamente se está juzgando públicamente es las universidades españolas. Universidades que demuestran la existencia de una endogamia y un mercantilismo extraordinario que atenta gravemente a su excelencia en la busca de la preparación académica. Son por tanto ellas las grandes perjudicadas ya que la función para la que se instituyeron está quebrando ante la opinión pública, devaluando el valor académico de sus títulos que están quedando por los suelos.

Destrucción política y académica que el primer poder en que se ha convertido la prensa se está encargando de conseguir en la opinión pública. Lo que ignoran, es que este tiempo también para ellos, solo está en las manecillas de un falso reloj que marcará también su propio desprestigio. Porque en el fondo solo manejan un reloj roto, que simplemente les muestra el pasado en horas detenidas por un insolidario deseo de alcanzar más cuotas de audiencia que los demás. Por ello tejen y lanzan sus grises telas de araña llenas de suspicacias sobre todo lo demás, intentando mantener la vacía ambición de sus editores. Porque estos últimos lo único que nos muestran es que no se aman más que a sí mismos y en que esto no tienen rival.

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