- Por primera vez en este año 2015 se somete a la consideración del Consejo de Gobierno y, posteriormente, del Pleno de la Asamblea, el primer expediente de modificación de créditos, por un importe total que asciende a 10.916.077,16 €.

Un asunto a priori de aspecto tan farragoso y aburrido requiere de un esfuerzo de traducción al ciudadano que no siempre es fácil de hacer, toda vez que la información y explicaciones que se transmiten por parte del Gobierno de la Ciudad a la opinión pública y a los grupos de la oposición son incompletos, sesgados y hasta cierto punto, interesados. Es por esta razón por la que creemos vital dar una serie de explicaciones que nos ayuden a entender algunos aspectos de esta modificación que se pretende hacer.

En primer lugar, la documentación adolece de falta de concreción, de datos poco específicos y de falta de transparencia. Se habla de partidas como por ejemplo, y por ser una de las de mayor importe económico, gastos pendientes de aplicar a presupuestos, por importe de 4.265.257,44 €, sobre la que se habla genéricamente haciendo referencia a algunos de sus componentes, pero no en qué cuantía ni cuál es su composición exacta. Consideramos esta explicación necesaria, así como una explicación de por qué razón estos gastos no han sido antes aplicados, a presupuestos. Es demasiado frecuente recibir como explicación que es una operativa habitual permitida por la ley y por el sistema presupuestario de la contabilidad pública, pero nuestra exigencia no se limita a saber que es legal (¡qué menos que eso!), sino que queremos saber cuáles son esas partidas exactamente y cuáles son sus importes y por qué no se han aplicado antes a los presupuestos, es decir, la aplicación de qué partida ha sido priorizada y en detrimento de qué otra. A eso se le llama transparencia en la gestión pública.

En la misma línea, se hace referencia a que se destinan recursos al pago de facturas pendientes de proveedores, pero de nuevo no se especifican qué facturas son esas, cuáles sus importes y, sobre todo, CUÁL ES LA SITUACIÓN DEL IMPAGO DE FACTURAS A PROVEEDORES  DE LA CIUDAD. La existencia de facturas pendientes de proveedores de la Ciudad es un tema antiguo y al que no se le ha llegado nunca a dar una solución en cuanto a publicidad y a detalle de su composición. Es necesario saber cuántas facturas existen pendientes de pago, cuáles son los acreedores del Gobierno de la Ciudad, por qué conceptos, con qué antigüedad y, sobre todo, qué criterio exacto se está siguiendo para ir abonando esas facturas. De nuevo, falta de transparencia en la gestión del Gobierno.

En segundo lugar, encontramos incomprensibles algunos aspectos de la financiación de este expediente de modificación. La existencia de remanentes de tesorería de ejercicios anteriores por valor de 5.202.493,73 € es indicativo de un problema de una incorrecta gestión del presupuesto. La existencia de un remanente tan alto de tesorería en un presupuesto con un nivel de endeudamiento tan brutal es, por definición y a falta de una razón extraordinaria que lo justifique, consecuencia de una mala planificación presupuestaria. No se puede consentir que, siendo el endeudamiento de la Ciudad Autónoma de Ceuta a 31 de diciembre de 2014 de MÁS DE 219 MILLONES DE EUROS (más de un 88% sobre el presupuesto anual de la ciudad), uno de los endeudamientos más altos por habitante de toda España, además de ser una de las pocas ciudades que ha elevado su nivel de endeudamiento en el periodo de 2011 a 2014, se gestionen, se comprometan recursos y se siga aumentando dicho endeudamiento de tal q modo ue se infrautilicen esos recursos.

Por la misma razón que el punto anterior, tampoco es comprensible que parte de la financiación proceda de partidas que tenían su finalidad en la financiación de viviendas y rehabilitación de barriadas, por importe de la nada despreciable cantidad de 3.856.828,38 € y que NO HAYAN SIDO UTILIZADAS CUANDO DEBIERON SERLO. Esto muestra una incapacidad de gestión manifiesta y un despilfarro de recursos finalistas que no se aplican cómo y cuándo deben ser aplicados.

Merecen una mención especial los remanentes de 723.125 euros y 513.750 euros, sobre partidas que deberían haber sido utilizadas en su día, hace ya un año, en rehabilitación de barriadas Los Rosales y el Príncipe respectivamente, y que no se aplicaron. ¿Por qué razón unos importes tan elevados que tenían un destino tan claro como la rehabilitación de dos barriadas tan necesitadas no fueron aplicados en su totalidad en actuaciones en esas barriadas hace un año? ¿Por qué razón ahora, un año después, se intenta remediar con otras actuaciones improvisadas intentando compensar esos importes con un incremento imprevisto? Esto nos lleva a plantearnos por qué se le dieron prioridad a proyectos como por ejemplo la enésima mejora del paseo de la Marina y el famoso puente de conexión con el Parque Marítimo en detrimento de actuaciones mucho más urgentes en barriadas que ahora se intentan subsanar mediante expediente de modificación de créditos en vista de que ha sobrado dinero que debió utilizarse en lo que de verdad era importante. Este punto levanta sospechas más que justificadas sobre los intereses electoralistas en la aplicación discrecional del presupuesto.

En tercer lugar, se destina un importe de 754.718,12 € para dotar de provisión como parte de la indemnización a la empresa Invercap por los trabajos efectuados para la protección de los restos arqueológicos. Esta  indemnización se basa en una propuesta de resolución de responsabilidad patrimonial de la misma Ciudad Autónoma de Ceuta, es decir, que es un importe establecido unilateralmente por el mismo gobierno. Sin embargo no se hace referencia a que este tema está judicializado y que existe una denuncia ante el juzgado por estafa, prevaricación y amenazas de esta empresa contra el Gobierno de la ciudad, y que los importes de las indemnizaciones que se deriven de este caso pueden ser de cuantía muy superior. Todo ello, siguiendo los principios de la Contabilidad Pública, debería ser debidamente explicado al ciudadano para trasladar la imagen fiel de la realidad de la Administración, porque ese es precisamente el fin último de la Contabilidad Pública.

Por último, se reconoce que existe una reclamación de la UTE que construyó el Plan Aparca por una revisión de precios que la Ciudad no consideró pagar en la cuantía solicitada y ahora pretende hacerlo porque hay financiación suficiente. Parece que las obligaciones de pago se tienen en cuenta y se atienden o no según decida el Gobierno en cada momento, con la inseguridad jurídica que eso genera a cada empresa y a la actividad económica que realizan. No es admisible esta manera de actuar. Las empresas que trabajan para la Administración necesitan una mayor seriedad en el desempeño de su función, y que se les garantice el cumplimiento en sus pagos y sus desviaciones mediante la dotación presupuestaria correspondiente en tiempo y forma, no cuando los responsables políticos consideren oportuno.

Se reconoce que hay partidas de retribuciones de políticas activas de empleo que fueron minoradas para atender eventualidades de otras Consejerías durante el ejercicio.

Se reconocen errores materiales en cantidades inicialmente presupuestadas durante la tramitación del presupuesto actual respecto al número de usuarios de la Fundación Eduardo Gallardo que ahora intentan corregir.

En definitiva, el proceso de gestión presupuestaria está sometido a posibles desviaciones y variaciones derivadas de contingencias e imprevistos. Estas eventualidades son comprensibles y por ello se usan los instrumentos como los que ahora se usan de modificaciones de crédito sobre el presupuesto. Por todo lo expuesto se pone de manifiesto la existencia de una falta de transparencia ciertamente preocupante, así como una ausencia de rigor a la hora de tomar ciertas decisiones presupuestarias, alcanzado un grado de impericia al respecto difícilmente excusable.