El Pleno ha aprobado con los votos de la mayoría del Partido Popular un nuevo Reglamento de la Asamblea, el segundo de la legislatura. Para el PP se trata de un refuerzo del autogobierno”, una mejora del Reglamento de la Asamblea que pone a cada uno en su sitio y agiliza la acción política. Para la oposición en cambio es un abuso de autoridad, el blindaje ante la participación ciudadana, que recorta el acceso a la información de los diputados, y, de camino, otorga mayor poder a Vivas en las sesiones plenarias y amplía la capacidad de asesores que le ha sido negada por la justicia.

Para Carreira se trata de “modernizar” el Reglamento –pese a que ya se presentó una modificación en 2015- y que establece “nuevos pesos y contrapesos” en el funcionamiento de la Asamblea, así como, por vez primera, introduce mecanismos de participación ciudadana. Además, “pone a cada uno en su sitio” estableciendo un nuevo modelo den el turno de intervenciones, dando más participación al partido mayoritario y turnos de intervención libres para el presidente de la Asamblea y de la Ciudad, porque el actual reglamento, afirmó Carreira, “cercena los derechos del Gobierno”, que interviene la cuarta parte que la oposición. “Yo tengo cinco minutos para responderles a todos”, comparó.

Cambios que para la oposición se han hecho negando la colaboración del resto de partidos, sin apenas admitir las decenas de alegaciones presentadas.  El PSOE, por su parte, reprochó que en su caso solo se hubiesen aceptado seis de las casi 60 alegaciones presentadas. “Le hemos aceptado un 10 por ciento de las aportaciones le parece poco, ya verá lo que va a aceptar cuando usted Gobierne”, ironizó Carreira en respuesta.

Acceso a la información

El acceso a expedientes e informes se verá también modificado con el nuevo Reglamento, lo que molestó especialmente a PSOE y Caballas, para los que supone el recorte de un derecho fundamental.  “Se cargan la capacidad que tememos los diputados de consultar los expedientes”, denunciaba el diputado de Caballas Juan Luis Aróstegui apuntando que, partir de ahora, será necesario solicitar los expedientes por correo electrónico con 24 horas de antelación y el funcionario requerido deberá rellenar una diligencia al respecto.

“Esto solo tiene una finalidad: evitar que hagamos nuestro trabajo de oposición, quieren contar con 24 horas de margen para esconder los expedientes, falsificarlos o tirarlos por la ventana”, calculaba Aróstegui ante la indignación de los diputados populares. Un margen de 24 horas, explicó Carreira como portavoz del Partido Popular en la Asamblea, pensados “para decirle a una persona que le dé tiempo a buscarlo y prepararle a usted toda la documentación que a usted le parezca, lo que usted necesite”.

Eludir sentencias

“Llevo 30 meses  en esta Asamblea y este es mi tercer reglamento”, comparaba  el diputado de Ciudadanos, Javier Varga recordando que ha votado ya dos nuevos reglamentos. Un interés por renovar el aprobado en 2015 que, sospechan desde MDyC, obedece al interés del Gobierno de cubrirse las espaldas ante la decisión judicial sobre el todavía vigente, recurrido ante el TSJA por la formación que lidera Fatima Hamed. De ser esta la razón, avisó Hamed, el Gobierno estaría cometiendo fraude de Ley y, adelantó, así y todo, MDyC recurrirá también este nuevo reglamento ante la Justicia.

“Solo quieren blindar una estructura deslegitimada”, acusó Hamed, “ahí están las sentencias que les han ido condenando o los dictámenes del Tribunal de Cuentas”. Un empeño, arguyen desde MDyC de mantener la capacidad de nombrar viceconsejeros y cargos de designación directa libremente y que “legaliza” la condición de diputados de los consejeros no electos.

“Ningún ser humano es ilegal, tampoco un consejero”, rebatió Carreira parafraseando, dijo, a Julio Anguita, reprochando a Hamed que recurra al término “consejeros ilegales” para referirse a los no electos.

Participación ciudadana

Tampoco coincide la oposición con la bondad de los mecanismos de participación ciudadana que, a juicio de Fatima Hamed, consiguen lo contrario “blindar al Gobierno en sus despachos”.

La clave, señaló por su parte Juan Luis Aróstegui, está en las firmas necesarias para lograrlo: mil. Una cantidad desorbitada en una ciudad del tamaño de Ceuta. “Hacen falta menos votos para lograr un concejal”, señalaba la portavoz localista Fatima Hamed

Casos de corrupción

El diputado de Ciudadanos, por su parte, lamentó que el Gobierno hubiera rechazado la posibilidad de, por ejemplo, limitar el número de mandatos del presidente o incluso inhabilitar aun diputado acusado en casos de corrupción. “Pide usted unas cosas… Es de nota”, ironizó Carreira en su turno de respuestas, recordándole que no son cosas que tengan encaje en un reglamento y que, además, afectan a derechos fundamentales, como el límite de mandatos, o en los que los servicios jurídicos tenían muchas dudas, como el caso de los diputados acusados de de corrupción.