La mayoría del PP en el Pleno ha votado este lunes en contra de una propuesta de Caballas que sí han apoyado el PSOE y MDyC (Ciudadanos se ha abstenido) para "promover cuantas actuaciones sean precisas al amparo de la Ley de Defensa de los Usuarios y Consumidores, para acabar con el trato degradante que la Empresa del Alumbrado dispensa a los usuarios en sus dependencias".

La portavoz del Grupo Popular, Susana Román, ha evitado decir si la Administración local sacará o no a concurso el suministro eléctrico a la institución, como le ha instado a hacer la coalición para ahorrar "hasta 700.000 euros anuales", pero ha defendido el papel que juega la compañía distribuidora y comercializadora.

Según Román, a la que Aróstegui ha reprochado que se haya posicionado "como la consejera delegada perfecta de la Empresa de Alumbrado", esta destina 120.000 euros anuales a un millar de bonos sociales ("una obligación legal", le ha recordado el localista) y ha invertido 30 millones desde 2010, aunque a ojos de Caballas "sobre todo en su sede, sus despachos y sus casas".

La consejera también ha ensalzado que esa compañía mantiene 65 empleos directos y 35 indirectos en la ciudad, si bien Aróstegui le ha preciasdo que "tiene 54 administrativos y solo 11 técnicos porque a pie de zanja y de cable lo que hay son subcontratas con sus plantillas explotadas".

Román ha negado que la compañía sea culpable de los precios de la luz, como a su juicio ha querido hacer parecer "con su tradicional demagogia" Caballas, y ha asegurado que el año pasado en Consumo solo se recibieron "seis" reclamaciones contra esa empresa, que "a diario atiende a 200 personas en sus oficinas y ofrece un canal virtual a través del que se puede hacer cualquier gestión salvo tramitar el alta".

Aróstegui ha animado al Pleno a aprovechar todos los recursos legales, pese a su falta de competencia legislativa, para "defender a la ciudadanía de la tiranía de la Empresa de Alumbrado, que actúa en régimen de monopolio de hecho y hace lo que le da la gana no solo con los apagones, las tarifas abusivas y su insensibilidad con los más desfavorecidos, sino que además humilla a los clientes en todos los sentidos”.

“Abusan y se aprovechan de su situación de dominio, chantajean y cortan el suministro a sabiendas de que el reenganche se cobra y, con sus beneficios multimillonarios, tienen a la gente haciendo cola en soportales aterida de frío para que domicilien sus recibos y chupar los primeros los recibos de quienes tienen que hacer cuentas para pagar las facturas: a domiciliar o a sufrir la cola en la calle”, ha resumido sobre un “bochornoso espectáculo en la ciudad europea bonita y marinera que dice Vivas”.

Para Caballas debería ser "una obligación política y moral" para el Pleno "actuar, abrir un expediente y en su caso sancionar a la compañía" pero el PP. "No van a votar en contra de su propia empresa, de la que usted parece la consejera delegada perfecta, y me da vergüenza ajena ser compañero de Corporación suyo... No sé qué les vincula a esa esa empresa aunque lo puede sospechar pero prefiero no hacerlo", ha reprochado Aróstegui a Román, que ha defendido que ella dice en el Pleno "lo que hay que decir" sin más directriz ni mandato que el recibido en las urnas por la ciudadanía.

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