El PP y el PSOE van a desbloquear el relevo en la Gerencia de Acemsa por las bravas. Si en casi dos meses no ha habido manera de ejecutar el plan para sustituir a Juan Martín Portes por Juan Manuel Sánchez Valderrama, otros tendrán que encargarse de plasmar en el Consejo de Administración de la sociedad municipal la voluntad de los dos partidos mayoritarios en la Asamblea.

Los de Vivas van a reemplazar, han confirmado fuentes de Ainara, como presidente de la empresa y representante del PP a Alfonso Conejo, que verá aumentadas sus competencia como viceconsejero de Fomento. Los socialistas, por su parte, también van a prescindir del ugetista Ramón Lladó. Es una "decisión política", han indicado fuentes de Daoiz.

En la última reunión del órgano rector de la sociedad del agua quedó patente que ni uno ni otro cumplían órdenes. El primero aseguró que si no volvía a incluir en el Orden del Día el cambio de gerente, que fracasó a principos de agosto y se intentó materializar en una reunión extraordinaria que ni reunió el quorum mínimo, era por su decisión personal. Más o menos literalmente, para no hacer el "ridículo".

Lladó, por su parte, dejó claro que no traicionaría ningún principio: “Mientras yo esté en esta responsabilidad de representación pública, que nadie espere de mí otra cosa que el cumplimiento exacto de la legislación: yo no voy a participar en ninguna componenda para colocar al recomendado de no sé quién”, advirtió el abogado de UGT, que incluso propuso un concurso de méritos para elegir gerente, iniciativa que contó con un principio de consenso básico en el Consejo.

Acuerdo dentro, no fuera, donde ni el PP ni el PSOE, a expensas de si ese sindicato empieza a judicializar cada nombramiento de gerente no tramitado por esa vía, como está estudiando, barajan siquiera tal procedimiento para la cobertura de esos cargos.

Los cambios de representantes de los partidos en el sector público periférico se extenderán también en las próximas Juntas Generales (el Pleno) a otras sociedades como Obimasa y Puerta de África, donde fuentes gubernamentales han dado por hecho también que Alejandro Ramírez renunciará a la Presidencia de la empresa que gestiona el hotel municipal deficitario para, así, hacer viable el nombramiento como gerente de un primo suyo, Santiago Ramírez.

La decisión, según indicó el portavoz del Ejecutivo, Alberto Gaitán, el pasado viernes, estaba pendiente de un informe jurídico sobre la más que posible incompatibilidad. La legislación que regula a los altos cargos del Estado contempla que existe un conflicto de intereses cuando "la decisión que vaya a adoptar" pueda "afectar a sus intereses personales, de naturaleza económica o profesional, por suponer un beneficio o un perjuicio a los mismos". Se consideran "intereses personales", entre otros, los familiares, "incluyendo los de su cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad y parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad".