CHOQUE ENTRE TÉCNICOS

El "extraño conflicto" del proyecto frustrado de Centro Cívico en el Príncipe

El "extraño conflicto" del proyecto frustrado de Centro Cívico en el Príncipe
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Imagen del espacio en el que se había proyectado el Centro Cívico.
La iniciativa fallida no solo ha enfrentado a Caballas con el Gobierno. Procesa critica los informes sin "concreción" ni "rigor" y plagados de "vaguedades pseudo-filosóficas" esgrimidos por el arquitecto municipal, Javier Arnaiz, para negarse a hacerla viable "sin atender a los intereses de la propia Administración" en defensa de "un proyecto de obra que ni se ajustó en su ejecución a lo previsto ni respetó los instrumentos de ordenación vigentes".

La entrada en vía muerta del proyecto para construir un Centro Cívico en el Príncipe no solo ha enfrentado a Caballas con el Gobierno del PP, al que Ali ha acusado de incurrir en un nuevo "desprecio" a la barriada, sino que ha hecho colisionar al arquitecto municipal, Javier Arnaiz, con Procesa, la sociedad a la que la Consejería de Hacienda encargó hace dos años desarrollar su ejecución con un presupuesto de 7,2 millones de euros procedentes de fondos europeos.

El Ejecutivo local ha alegado problemas de plazos para aprovechar el dinero de la UE y criterios "urbanísticos" discrepantes, pero la Socidad de Desarrollo de Ceuta ha sido mucho más explícita en su último informe sobre lo sucedido: "La negativa del arquitecto municipal a informar favorablemente desde el punto de vista urbanístico el proyecto básico presentado el 6 de agosto de 2019 por la empresa adjudicataria [Jomasa] o a tramitar el correspondiente estudio de detalle imposibilita la aprobación del mismo y como consecuencia de ello se impide la redacción del proyecto de ejecución", ha resumido.

Procesa no ha escatimado críticas a la "falta de concreción y rigor" de los posicionamientos de Arnaiz, cuya posición no solo priva a la barriada del proyecto, sino que expone a la Administración a "asumir las indemnizaciones que se deriven" de la adjudicación frustrada y al inicio de otra nueva para elaborar y ejecutar un nuevo proyecto "que, lejos de mejorar en nada el anterior, supondría renunciar a parte del aprovechamiento que, en beneficio de los vecinos, contempla el ya redactado".

Según el dictamen, Arnaiz dio su visto bueno a avanzar con el anteproyecto de conjunto de inmuebles entre las calles Casas Nuevas y Alberto Ibáñez Trujillo siempre y cuando se redactase un estudio de detalle que no redujese los porcentajes destinados a espacios libres. Así se hizo "sobradamente", opina Procesa, que convocó y adjudicó el concurso, pero el arquitecto municipal bloqueó de nuevo el proyecto básico apelando a la necesidad de respetar la plaza ya construida.

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Para los técnicos de la empresa pública "ni el PGOU ni el Plan Especial del Príncipe definen alineaciones y rasantes, que deben definirse en un estudio de detalle, por lo que no puede decirse que se incumple lo que no existe cuando se redacta precisamente para definirlas".

En noviembre, en su valoración del siguiente estudio de detalle elaborado el arquitecto municipal insistió en que el futuro Centro Cívico no podía reducir la superficie del actual viario y demás espacios libres públicos "fruto de un proyecto de obra que ni se ajustó en su ejecución a lo previsto ni respetó los instrumentos de ordenación vigentes" para atender temporalmente una reivindicación vecinal de disponer de más aparcamientos.

Al final reclamó modificaciones en el proyecto básico de Jomasa que, el 26 de febrero, se le pidió que "detallase". Su respuesta, fechada el 6 de marzo, fue para Procesa, "como las anteriores", un abanico de "vaguedades pseudo-filosóficas" que suponía "la redacción de un proyecto completamente nuevo, lo que supone, en la práctica, la resolución unilateral del contrato de proyecto y obra".

"Cabe deducir que la intención del arquitecto municipal respecto de este proyecto es hacer valer las determinaciones de la obra realmente ejecutada en su día en la zona con independencia de lo establecido en el planeamiento vigente y sin atender a los intereses de la propia Administración", lamenta Procesa, que entiende que la solución, tan legal como "sencilla", para resolver este "extraño conflicto" pasaba por "tramitar el proyecto básico como estudio de detalle" o conforme a lo previsto en el PGOU para "edificaciones singulares". El arquitecto municipal también se "negó".

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