INICIATIVAS JURÍDICAS

Los Sindicatos Médicos de Ceuta y Melilla reclaman mil millones de deuda histórica de Ingesa con ambas ciudades

Los Sindicatos Médicos de Ceuta y Melilla reclaman mil millones de deuda histórica de Ingesa con ambas ciudades
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Foto de familia de los dirigentes de ambos sindicatos tras su reunión en Melilla.

Si la Sanidad Pública en Ceuta y Melilla está hecha unos zorros no es por casualidad. A esa conclusión parecen haber llegado el Sindicato Médico de Ceuta y su hermano de Melilla, reunidos este fin de semana en la ciudad hermana. Así han acordado establecer un programa de acción para tratar de ponerle freno al deterioro de la atención al paciente a sus propias condiciones laborales y más allá tratar de llevar la calidad de esa atención sanitaria a los niveles propios de España. Hoy la consideran, los propios médicos, “tercermundista”. Entre los 6 puntos fijados en la estrategia a seguir, destaca uno, por ponerle un número rotundo al problema: 1.000 millones de euros de deuda histórica.

“Exigir al Gobierno de España que salde la deuda histórica que mantiene con la sanidad ceutí y melillense, y que ya rebasa ampliamente los 1.000 millones de euros, condición imprescindible para iniciar la solución del problema”, recoge el comunicado conjunto emitido este domingo por ambos sindicatos en el apartado de “acciones estratégicas” a desarrollar de modo conjunto.

Más allá de reclamar dinero, ambos sindicatos contemplan otra medida que no estará exenta de polémica si la llevan a cabo realmente:

“Exigir responsabilidades legales al Gobierno de la Nación, ya que la situación sanitaria producto de su indolencia genera, por un lado, riesgos par ala seguridad del paciente, por otro, quebranto de la seguridad jurídica de los trabajadores, fundamentalmente de los médicos, que están obligados a trabajar en condiciones tercermundistas, pero a los que se les exigen resultados sanitarios de primer nivel, imposibles de alcanzar con los medios disponibles. Nuevamente, los equipos jurídicos de ambas organizaciones, estudiarán las medidas a ejecutar”, recoge el comunicado.

Pedirán más personal en todas las categorías para adecuar el ratio de pacientes por especialista sanitario a los estándares europeos, teniendo en cuenta la población real atendida y no sólo la censada y además quieren que se garantice su fijeza, tanto de interinos como de eventuales, algo en lo que pondrán a trabajar a los servicios jurídicos.

Junto con la reclamación judicial o no de medidas concretas, ambos sindicatos han acordado otras dos medidas destinadas a divulgar la realidad de la sanidad pública en Ceuta y Melilla. Por un lado crearán “una comisión bilateral, integrada por facultativos de ambas ciudades autónomas, cuyo único objetivo sea la interlocución con actores sociales y políticos nacionales e internacionales en aras de difundir el penoso marco sanitario conjunto”.

Y de otro se han marcado como acción estratégica “establecer un programa para la visualización de la grave situación asistencial de ambas ciudades, tanto en el territorio peninsular como más allá de nuestras fronteras”.

Crítica a los “pacientes” ceutíes y melillenses

Y es que entre las conclusiones alcanzadas durante la visita a Melilla del secretario general del Sindicato Médico de Ceuta, Abdelghani El Amrani, figura un golpe directo a la Administración política:

“Mostrar nuevamente nuestra preocupación por la desidia con la que el Gobierno español trata la realidad sanitaria de ambas ciudades autónomas”.

Sí, lo habitual, pero otro directo a la desidia o resignación con la que parece asumir la población de ambas ciudades el deterioro constante y paulatino de su calidad asistencial:

“Manifestar su honda desazón por la renuncia de la ciudadanía ceutí y melillense a ejercer un derecho tan trascendental, como el de la exigencia pública a los gobernantes de los sucesivos gobiernos españoles, de garantizar una sanidad digna. Con envidia observamos como en otras regiones de España, que gozan de una sanidad mucho mejor financiada y organizada, los ciudadanos se manifiestan públicamente exigiendo mejoras”.

Tres patas para la culpa de la situación: desidia del Gobierno Central, desidia ciudadana por falta reivindicativa e indolencia a su vez de los representantes políticos locales:

“Expresar nuestra pesadumbre por la inexistencia de presión política por parte de los diferentes grupos políticos de ambas Asambleas autonómicas, hacia el Gobierno Central, para intentar mejorar los recursos humanos, estructurales y funcionales de nuestras áreas sanitarias, independientemente de que la competencia esté o no transferida”.

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