Desde 2011 hasta el pasado 31 de julio han sido expulsados de Ceuta 5.389 foráneos, según los datos la Comisaría General de Extranjería y Frontera facilitados por el Gobierno central a tres diputados socialistas que le preguntaron el número de personas extranjeras con órdenes de expulsión de la ciudad autónoma, así como por cuántas han solicitado arraigo laboral, extremo sobre el que todavía no existe información disponible.

La legislación prevé que cuando un extranjero comete una conducta muy grave (como “participar en actividades contrarias a la seguridad nacional que pueden perjudicar las relaciones de España con otros países”) o algunas muy graves (como “encontrarse trabajando en España sin haber obtenido autorización”), en lugar de una sanción de multa se puede optar por su expulsión del territorio español “previa la tramitación del correspondiente expediente administrativo y mediante la resolución motivada que valore los hechos que configuran la infracción”.

El año pasado solamente desde Madrid, Cataluña y Andalucía se registraron más expulsiones de foráneos que desde Ceuta.

También constituye causa de expulsión que el extranjero haya sido condenado, dentro o fuera de España, “por una conducta dolosa que constituya en nuestro país delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año, salvo que los antecedentes penales hubieran sido cancelados”, según el Ministerio del Interior.

La expulsión conlleva, “en todo caso”, la extinción de cualquier autorización para permanecer legalmente en España, así como “el archivo de cualquier procedimiento que tuviera por objeto la autorización para residir o trabajar en España del expulsado”. No obstante, la expulsión puede revocarse en los supuestos que se determinen reglamentariamente.

De acuerdo con los números divulgados por el Ejecutivo central, el volumen de expedientes de expulsión decretados y resueltos en 2011 ascendió a 1.215, tres veces más que el ejercicio siguiente (394) y cerca de diez más que en 2013 (140).

En 2014 el número de extranjeros expulsados de la ciudad aumentó de nuevo sensiblemente, hasta 847, aunque lo hizo mucho más durante los dos años siguientes, cuando fueron 1.337 y 1.345 los expulsados, respectivamente. Durante los siete primeros meses de este año, sin embargo, la cifra ha caído de nuevo ostensiblemente, hasta solo 111.

La estadística a nivel nacional también registra grandes oscilaciones durante los últimos seis años y medio, no siempre coincidentes con la evolución de los números en la ciudad autónoma. Desde 2011, el año en el que más extranjeros fueron expulsados de territorio nacional fueron los dos primeros ejercicios, con 59.862 y 50.789 afectados, respectivamente. Su número no dejó de caer hasta el año pasado, cuando solo fueron 12.770 (este año van 5.517 hasta el cierre de los datos disponibles).