Aquella denuncia que Caballas presentó ante el Juzgado de Guardia a finales de julio de 2017 sobre cómo había seleccionado Tragsa al medio centenar de peones que incorporó para su primera gran encomienda, la de limpieza pública, prorrogada ya, no ha caído en saco roto aunque sí, parece, muy hondo. Más de un año después, ni se ha archivado ni tiene todavía investigados, según han explicado fuentes judiciales.

La empresa pública se ha personado, de hecho, “como parte interesada” con abogado y procurador con el objetivo claro de pedir el sobreseimiento del procedimiento. Por un lado va a defender que el SEPE requería aproximadamente "dos meses" para cumplimentar todos los trámites de búsqueda, un plazo incompatible con la necesidad de empezar a prestar cuanto antes la tarea encomendada, que entre otras misiones incluía la retirada de algas de las playas en plena temporada de baño. Así recurrió a los currículums, dice, que ya tenía.

Por otra parte, la empresa argumenta que aplicó de forma rigurosa tanto el Convenio de Limpieza local como el nacional. “La empresa tiene muchas connotaciones de constructora y de hecho está haciendo múltiples trabajos en Ceuta de ese tipo pero en ese caso se trataba de una operación de limpieza”.

Para Caballas “el indubitado carácter público estatal de Tragsa” forzaba a la empresa “al cumplimiento de lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) en materia de recursos humanos”, en concreto a darle “publicidad” a sus convocatorias de empleo y a sus bases; “transparencia”; e “imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección”.

El Convenio Colectivo de Tragsa también estipula que el personal que incorpore tiene que ser elegido y contratado “previa convocatoria y proceso de selección de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad” estableciendo previamente “el ámbito territorial, los criterios de baremación y los requisitos de los aspirantes”.

Ali, que desde julio de 2017 no ha tenido “ninguna noticia” sobre el procedimiento, ha adelantado que la formación localista estudia ser acusación popular en el proceso “a la vista de la gravedad de los hechos y de que el nivel de exigencia por parte del Gobierno del PP a la empresa pública de respeto a los principios constitucionales de igualdad y publicidad para crear empleo en Ceuta, capital del paro, no han subido”.