La Fiscalía de Ceuta ha pedido al Juzgado de Instrucción número 1 de la ciudad autónoma que no admita la querella presentada por la empresa ‘Grupo Oclem’ contra el interventor municipal, José María Caminero, por su negativa a abonarle 18.000 euros por un informe que desde su punto de vista no vale lo que cuesta. Según han explicado fuentes judiciales, el Ministerio Público estima que del contenido de la querella de la mercantil “se deduce la prestación de un servicio a favor de la Ciudad Autónoma sin que se haya abonado el precio de dicho servicio”. Ello, desde el punto de vista de la Fiscalía, podría constituir “una irregularidad administrativa” pero no “un ilícito penal”.

El delito de prevaricación administrativa que se le pretende endosar a Caminero establece, literalmente, que la autoridad o funcionario público debe, “a sabiendas de su injusticia”, dictar “una resolución arbitraria en un asunto administrativo”. Se castiga con “inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años”.

“En el presente caso”, estima la Fiscalía, “nos encontramos ante una irregularidad administrativa a dirimir ante la jurisdicción Contencioso-Administrativa por incumplimiento contractual” pero no puede hablarse de “hechos constitutivos de delito subsumibles en el artículo 404 del Código Penal, ya que no se cumplen los requisitos exigidos jurisprudencialmente para que pueda hablarse de ese plus de reproche que convierte la irregularidad administrativa en ilícito penal”.

Dichos requisitos son: a) “que el sujeto activo sea una autoridad o funcionario público”; b) “que tal sujeto haya dictado una resolución arbitraria”; c) que lo haya hecho “a sabiendas de esa injusticia”; y d), a la luz de la jurisprudencia del Supremo, que se haya causado “un resultado materialmente injusto” que consistiría “en una resolución notoriamente injusta y arbitraria, dictada dolosamente”.

La empresa no ha comparecido este miércoles en el Juzgado, donde estaba previsto escuchar las declaraciones del interventor, que defiende que la Administración no debe pagar 18.000 euros por un informe de 92 páginas que “dedica prácticamente su contenido total a transcribir datos suministrados por la propia GIUCE”; y del jefe de Industria, Manuel Jurado, que ha argumentado por escrito que lo recibido de ‘Oclem’ es lo que se le pidió cuando Francisco Márquez era consejero de Hacienda y promovía un gran contrato a diez años vista sobre el alumbrado público de la ciudad autónoma.

La aportación de ‘Oclem’ se limitó a decir que convenía “la sustitución de las luminarias existentes dotadas de lámparas convencionales por otras de tecnología LED” y “dotar a las luminarias de un equipo electrónico de telegestión” para lograr “ahorro energético” y “mayor respeto y conservación del Medio Ambiente, pues se disminuirán las emisiones de CO2”.

La Administración local ya ha iniciado su propia investigación interna para, tal y como se comprometió a hacer Vivas en el Pleno de enero, esclarecer "quién y por qué" se encargó ese informe a una empresa aparentemente desconocida por la cantidad máxima exacta que se podía gestionar sin someter la encomienda a concurso.

Lea también:

- Vivas promete investigar "caiga quien caiga" el encargo por 18.000 euros de un informe "fotocopiado"

- Caballas pregunta si se investigará quién envainó a la Ciudad un informe fotocopiado de 18.000 euros

- Caballas llevará al Gobierno del PP al Juzgado si paga 18.000 euros por un informe "fotocopiado"