El primer grupo de la oposición en la Asamblea, Caballas, presentará una iniciativa en el Pleno que se celebrará el lunes con el fin de introducir en todos los Pliegos de los concursos de la Administración local unas cláusulas que sirvan para "defender las condiciones laborales y salariales de los trabajadores que prestan servicios para la Ciudad Autónoma a través de empresas privadas".

La coalición calcula que al menos 800 personas, la mayoría en TRACE pero también en el ámbito de la seguridad privada y otros servicios externalizados como los monitores deportivos, la Escuela Infantil 'La Pecera', se verían afectadas.

La idea, según ha detallado Juan Luis Aróstegui, pasa por introducir en forma de "elemento esencial" de las licitaciones una cláusula que establezca que los adjudicatarios deberán "mantener" las condiciones de sus trabajadores o no ponerlas en ningún caso por debajo de lo recogido en los Convenios Colectivos del sector, que actuarían de referencia-suelo.

"Desde que se aprobó la Reforma Laboral estamos viendo cómo las empresas presentan bajas en sus ofertas de entre el 30% y el 40% de los precios de licitación que, cuando sse hacen con las concesiones, trasladan a los salarios y a las condiciones laborales de sus empleados para cuadrar sus cuentas", ha señalado el diputado.

Para Aróstegui "la Administración no puede ser cómplice para cargar sobre el lomo de los trabajadores esas rebajas en las ofertas, ya sea recortando salarios, aumentando jornadas, evitando el pago de horas o pagas extraordinarias...".

Caballas "intentará" que el espíritu de su propuesta se traslade también al centenar de personas que, aproximadamente, ven sostenidos sus empleos gracias a subvenciones municipales, fundamentalmente en oenegés que se nutren de aportaciones de Asuntos Sociales o Educación, aunque Aróstegui ha reconocido que en este caso "el encaje legal puede ser más complicado por la falta de un Convenio Colectivo de referencia".

Los pliegos de condiciones de contratación no sólo pueden recoger las cláusulas sociales típicas, propias de una Responsabilidad Social de la Administración Pública y empresarial, sino que pueden establecer obligaciones laborales a las empresas adjudicatarias de la contrata de servicios. 

La Diputación Foral de Bizkaia obliga desde finales del año pasado a las empresas adjudicatarias a mantener salarios y demás condiciones laborales fijados en el momento de presentar la oferta y establece además un mecanismo de control para "vigilar" que no se mermen esas condiciones durante la vigencia del contrato con la diputación. Además, condiciona la contratación futura de empresas a que éstas no se beneficien de la modificación de las condiciones de trabajo que les permite esta normativa, con lo que pretende mitigar su aplicación en el ámbito de la contratación pública. 

El Tribunal Superior del País Vasco ha sentenciado, sin embargo, que los entes forales "no pueden regular las materias de trabajo y seguridad social" como es la aplicación de la reforma sino que deben "limitarse a aplicarlas a su personal cumpliendo las obligaciones que en ellas se imponen".

Comisión Especial de Contratación

Por otro lado, Caballas también planteará a la Corporación la necesidad de crear una Comisión Especial de Contratación "para hacer un seguimiento de los contratos que formaliza la Administración local, que a través del Gobierno del PP no solo ha hurtado esa competencia al Pleno sino que incumple la Ley al no exigir el paso por la Asamblea de los que superan los 6 millones de presupuesto".

Ejemplos que justifican la validez de esta iniciativa son "muchos", según Ali y Aróstegui. Entre otros, "los de la recogida de cartón, el del transporte de los lodos de la EDAR a la península, el de los comedores escolares que acumula decenas de facturas inferiores a 3.000 euros...".