Gómez pidió la compra urgente de chalecos antibalas por el "grave riesgo" que corre la Policía Local


Gómez pidió la compra urgente de chalecos antibalas por el "grave riesgo" que corre la Policía Local

- El superintendente ha recordado en distintos informes que durante el año pasado se registraron, sobre todo en el Príncipe, “14 enfrentamientos armados con un balance de 4 muerto y 15 heridos”

- Se apela a que Ceuta está “considerada como ‘punto de tránsito’ de combatientes yihadistas", a "la proximidad de la frontera con Marruecos" y "al avance del terrorismo y otros desafíos”

El Gobierno de Ceuta ha adquirido por el procedimiento de emergencia un total de 90 chalecos antibalas para la Policía Local atendiendo a un informe del superintendente del Cuerpo, Ángel Gómez, que así lo reclamaba explícitamente alertando de la existencia de un “grave peligro” para los agentes en una ciudad “considerada como ‘punto de tránsito’ de combatientes yihadistas, por la proximidad de la frontera con Marruecos y el avance del terrorismo y otros desafíos”.

El Ejecutivo local que preside Juan Vivas ha desistido del concurso convocado el pasado 30 de enero para la adquisición a subasta de 75 equipos de protección de la misma naturaleza y ha promovido la compra directa sin concurrencia pública de 90 chalecos por 58.500 euros, decisión que el primer grupo de la oposición en la Asamblea, la coalición Caballas, ha anunciado este martes que pondrá en conocimiento del Tribunal de Cuentas al entender que no se somete a los requisitos estipulados en la Ley de Contratos del Sector Público.

El cambio de sistema de compra adoptado por la Administración responde a varios informes del superintendente jefe de la Policía Local, Ángel Gómez, a cuyo contenido ha tenido acceso Ceutaldia.com y en los que se tilda de “grave riesgo” el que corren sus agentes en “las circunstancias actuales, con el prolongado conflicto en Siria, el deterioro de la situación en Irak y los graves acontecimientos ocurridos en las últimas semanas en países de la Unión Europea, que evidencia una amenaza directa contra intereses occidentales que tiene implicaciones en nuestra seguridad”.

Gómez recuerda que durante el año pasado se registraron “catorce enfrentamientos armados con un balance de cuatro muerto y quince heridos” en Ceuta “y en concreto en zonas de especial sensibilidad a hechos delictivos como las barriadas del Príncipe Alfonso y Príncipe Felipe”. “Se ha llegado el punto en ocasiones”, destaca, “que dichos ataques han sido realizados contra los propios agentes locales”.

El superintendente añade que existe “constancia suficiente” de que la determinación del estado de alerta a nivel nacional “tiene especial incidencia en Ceuta, máxime cuando desde el 21 de enero se ha llevado a cabo un operativo antiterrorista con la detención de cuatro presuntos yihadistas de similitud con los terroristas actuantes en los recientes atentados de Francia”.

En su petición avisa de que “la dilación indebida en la tramitación de la solicitud puede conllevar, por un lado, la adopción de otros niveles de alerta que no justifiquen el procedimiento de contratación y, por otro, la responsabilidad patrimonial de la Administración con sus empleados si el perjuicio invocado es real, efectivo y responda a la relación causal con lo que se pretende paliar”.

Causas para contratar de emergencia

La legislación establece que la tramitación de contratos por la vía de emergencia está limitada a cuando la Administración "tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional".

Para Caballas, como para algunos técnicos, los informes de Gómez "aún pudiendo reflejar un estado de ánimo o una opinión sobre las circunstancias que concurren en cuanto a los riesgos derivados del terrorismo, no recogen ninguna de las menciones exigidas" por la Ley.

Según la coalición, al concurso abierto hace casi un mes se presentaron empresas locales y nacionales presentando ofertas de hasta 300 euros por unidad. La adjudicación directa del Ejecutivo local se ha cifrado en 650 euros por chaleco balístico y su plazo de entrega, en 30 días.

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