Caballas cree que minar la licitación forzosa de contratos menores atenta contra el interés general


Caballas cree que minar la licitación forzosa de contratos menores atenta contra el interés general

- Caballas pedirá un informe a Intervención que acredite que con los concursos se ha ahorrado "más de un millón de euros" de dinero público y que "el 90%" de las adjudicaciones han sido para empresas locales

- El PP pretende establecer tres "excepciones" para evitar la libre concurrencia y adjudicar con libertad contratos menores de la Administración

La coalición Caballas opina que las "excepciones" contempladas por el Gobierno de Vivas en las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad para 2016 con el fin de saltarse la licitación obligada de todo gasto superior a 500 euros "roza la ilegalidad" y supone "un atentado contra el interés general". Esa es la lectura que hacen Ali y Aróstegui de la derogación virtual de una medida que, en lo que va de año, "ha permitido ahorrar más de un millón de dinero público".

El argumento de que sacar a concurso los contratos hace que el negocio se vaya fuera de Ceuta tampoco es, para los localistas, cierto. Según sus estimaciones "el 90%" de los contratos han sido ganados por empresas o autónomos de Ceuta.

"Modificar la Base 19 atenta contra el ahorro y contra el conjunto de las empresas de Ceuta, por lo que pediremos un informe a la Intervención que acredite cómo ha funcionado el sistema de licitación de gastos por encima de 500 euros", ha anunciado Ali.

El PP quiere dejar de licitar "aquellos contratos en los que concurran circunstancias de carácter excepcional", algo que tendría que justificarse "mediante informe emitido por los técnicos adscritos a la Consejería promotora del contrato y siendo necesaria su aprobación previa por parte de la Intervención de la Ciudad, que versará sobre la apreciación de las circunstancias esgrimidas para aplicar la eximente de la licitación".

Tampoco habría que convocar concurso "para los casos en que por circunstancias objetivas el precio no deba ser determinante" ni "para las necesidades que requieran ser atendidas de manera inmediata", en este caso simplemente con el beneplácito de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública "previa solicitud justificada de la Consejería promotora".

Parte de la patronal, sobre todo la Construcción, lleva meses intentando suprimir esa obligación de licitación para volver al sistema previo de encargo directo, con precios hasta un 100% superiores a los que se han pagado por la vía del concurso. Otros empresarios que con ese mecanismo no se habían visto tan favorecidos por la Administración reclaman que se mantengan las licitaciones en favor de la transparencia y la competitividad.

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