Los más de 450 profesionales de Enfermería de Ceuta iniciarán una "huelga competencial" si el Ministerio de Sanidad publica en el BOE el Real Decreto que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 23 de octubre, en virtud del cual "será necesario que el correspondiente profesional prescriptor haya determinado previamente el diagnóstico y la prescripción". En la práctica, esa frase dejará a los enfermeros expuestos a consecuencias penales si siguen usando e indicando medicamentos de prescripción médica como hasta ahora.

La administración de la vacuna de la gripe, la atención de un parto por parte de matronas de forma autónoma, la utilización de cremas para curar heridas o quemaduras, la dosificación de medicinas para pacientes crónicos como diabéticos o anticoagulados, por citar solo algunos ejemplos, se verán afectados.

"En todos aquellos servicios donde no haya médicos en plantilla de forma permanente la enfermera también tendrá que esperar a tener un diagnóstico y una prescripción médica", han añadido este jueves en rueda de prensa la secretaria general de SATSE en Ceuta, Elizabeth Muñoz, y el presidente del Colegio Oficial de Enfermería local, Luis de la Vega.

La consecuencia previsible, han alertado, será "una peor atención a los ceutíes con más esperas, más consultas y más gestiones, y un deterioro de la calidad asisencial que se ofrece a los ciudadanos".

La raíz de la rebelión enfermera está en ese Real Decreto que consuma, a juicio de Muñoz y De la Vega, una "triple traición" por parte del Gobierno de Rajoy: a lo pactado con las Autonomías y los representantes de los profesionales, formados para la prescripción; a la soberanía popular "porque se cambia lo previsto en la Ley del Medicamento con una norma de rango inferior"; y a los propios pacientes.

"Vamos a sufrir un retroceso de cuarenta años", ha alertado Muñoz, cuyo sindicato ha remitido cartas al Ministerio y al INGESA instando una rectificación que evite males mayores. Además, SATSE estudia plantear un recurso solicitando la suspensión cautelar de la entrada en vigor de ese artículo 3 que derogaría la posibilidad de que los enfermeros puedan administrar algunos fármacos con respaldo legal (desde vacunas hasta paracetamol), factible desde que en 2009 se aprobó por unanimidad en las Cortes la modificación de la Ley del Medicamento para dar cabida a una vieja reivindicación de la Enfermería.

A juicio de Muñoz y De la Vega "el INGESA será el que tenga que dar una solución a la huelga competencial que los profesionales se verán obligados a realizar por la irresponsabilidad del Gobierno del PP, que podría llevarles a incurrir en un intrusismo profesional no cubierto por la póliza de responsabilidad civil si mantienen su forma de actuar actual".