El pliego para privatizar el personal de la Biblioteca vulnera el convenio firmado con el Ministerio


El pliego para privatizar el personal de la Biblioteca vulnera el convenio firmado con el Ministerio

- Caballas denuncia que en lo referente al personal, en el acuerdo por el que el Ministerio de Cultura cede la Biblioteca al Ayuntamiento se establece que se debe atender la instalación con personal propio y no externo

- Los localistas suman este argumento al ya expresado el martes en el escrito de impugnación, donde señalaron que la contratación de personal privado supondría una "cesión ilegal de trabajadores"

Caballas parece decidido a no permitir que el Gobierno de Vivas privatice el servicio, al menos en parte, de atención al público de la Biblioteca Pública del Estado Adolfo Suárez. Así, si el martes presentó un escrito impugnando el concurso, este miércoles ha dirigido una carta al propio presidente en la que le advierte, que además de incurrir en la ilegalidad tipificada como “cesión ilegal de trabajadores” el concurso vulneraría también el propio convenio suscrito con el Ministerio de la Cultura por parte de la Ciudad para la cesión de la propia Biblioteca a la gestión municipal.

Según ha explicado Caballas el punto 3.1 de dicho convenio recoge textualmente lo siguiente: ““3.1. La Ciudad de Ceuta deberá destinar el personal propio a la biblioteca referida tanto a nivel técnico, auxiliar o subalterno, que garantice el buen funcionamiento del servicio de la misma”. Para Caballas está claro que este punto del convenio impediría que personal ajeno a la administración pública compartiera funciones con la actual plantilla, tal y como pretende el Ejecutivo de Vivas.

“La redacción de esta condición es de tal rotundidad, que no admite la menor duda. La iniciativa emprendida por su Gobierno contraviene, flagrantemente, el Convenio que regula la gestión de la Biblioteca, lo que se aparta radicalmente de un comportamiento democráticamente aceptable”, ha censurado Caballas.

Así insiste en pedir al presidente que “desista de la contratación iniciada y se dote a la Biblioteca Pública de una plantilla suficiente para gestionar el servicio de conformidad con el compromiso suscrito por su Gobierno a través del citado Convenio”.

Caballas insiste en que tanto esta contratación, la de la Biblioteca, como la del servicio de Museos serían “ilegales” dado que el “objeto del contrato (ampliación de una plantilla con personal aportado por una empresa privada), ), incurre en una flagrante ilegalidad, tipificada como “cesión ilegal de trabajadores”.

Y a ese argumento ya expuesto el martes en el escrito de impugnación suma ahora este otro en lo referente a la Biblioteca.

El pliego para privatizar el personal de la Biblioteca vulnera el convenio firmado con el Ministerio


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