El PP ha aprobado este lunes en solitario el primer expediente de modificación de créditos del año, que supone cambiar o dar nuevo destino a 8 millones de euros, “un 2,7% del presupuesto anual de la institución”, procedentes del saldo resultante del remanente líquido de tesorería de 2015, de la liquidación de ese presupuesto y de las bajas de determinadas partidas que, a juicio de Susana Román, “pueden ser reducidas sin producir perturbaciones”. La consejera de Hacienda ha asegurado que actualmente hay 8,8 millones de euros en deuda comercial viva; 15,3 en deuda 'a corto'; 76 millones por cobrar del Estado; y 29 “en caja” entre liquidez y préstamos no dispuestos.

Con ellos se atienden “los gastos de la cuenta 413”, que recoge los pendientes de aplicación, “es decir las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores y que han sido incorporadas al presupuesto de 2016 para proceder a su abono”, según ha detallado la consejera de Hacienda. Además, se suplementa la partida de Alojamiento Alternativo y se cubre la condena al Patronato Municipal de Música por el plus de residencia de sus trabajadores y se incluyen tres partidas singularmente polémicas: 1,5 millones para la constructora “vinculada a la 'Gürtel' [EOC de Obras y Servicios]” de la promoción de 225 VPO de Loma Colmenar; 1,6 a una revisión de precios del Campus aplicando un Decreto de 1970 sobre ferrocarriles; y 300.000 euros para la empresa que restablecerá las conexiones aéreas en helicóptero.

El portavoz socialista, Manuel Hernández, y el de Caballas, Juan Luis Aróstegui, han acusado, respectivamente, al Ejecutivo local, de elaborar presupuestos que “no piensan cumplir” y de hacerse trampas al solitario “ocultando deudas a las que deberían dar cobertura bajo la excusa de que su pago ya se ha pactado con los acreedores”. El localista ha afeado, además, al PP su “poco respeto con el dinero público”. “Yo quiero que esas partidas sirvan para atender a los más necesitados de Ceuta, no para los bolsillos de empresas multimillonarias”, ha reflexionado.

Ambos han alertado también de la, cuando menos, dudosa legalidad de inyectar dinero de las arcas municipales en los helicópteros. “No hay ninguna justificación más allá de decir que 'es bueno para Ceuta que haya enlaces aéreos' ni para concretar en 300.000 euros el montante de esa subvención acordada deprisa y corriente”, ha añadido Aróstegui, quien ha recordado que Caballas ya apoyó en su momento una rebaja del IPSI “que ha supuesto una subvención indirecta de 295.000 euros”.

“Tienen ustedes que acreditar cuál es la cuenta de explotación de esa empresa y qué vamos a pagar con dinero público porque nosotros no estamos dispuestos a subvencionar lujos porque sí, sin que ni siquiera se contemple, como se hizo en su momento, un fin social para la misma”, ha incidido Aróstegui.

"Ingeniería financiera"

Fatima Hamed, del MDyC, ha puesto en la picota los “ajustes contables” del Gobierno de Vivas y los “enjuagues de ingeniería financiera” que aplica, desde su punto de vista, para regatear la legalidad. Por todo ello, la localista ha instado al Ejecutivo a dejar sobre la mesa el expediente.

Varga ha tachado de “descarada” la voluntad del PP de subvencionar el transporte aéreo “cuando no le corresponde y contraviene una Directiva europea contra las ayudas públicas al sector utilizando una maniobra vetada por la Comisión Nacional de la Competencia como es la del contrato de publicidad”. “Nos alegramos de que haya transporte y de que lo recuperen empresarios ceutíes pero, cuando no han empezado a volar, ya nos ha costado dinero su iniciativa mientras parece que la Ciudad no tiene 30.000 euros para apoyar a la Confradía de Pescadores en la compra de maquinaria”, ha comparado el diputado de Ciudadanos (C's).

Román ha destacado que el expediente “ha superado todos los filtros técnicos y jurídicos de la Ciudad” y ha rebatido los puntos más controvertidos criticados por la oposición. “Con el tema de las VPO de Loma Colmenar damos cobertura a una sentencia judicial firme, como estamos obligados a hacer”, ha recordado la consejera, que ha reconocido que en su día un técnico se negó a pagar la certificación objeto de conflicto.

La titular de Hacienda ha cifrado en 432.000 euros el coste en Alojamiento Alternativo que ha tenido para la Ciudad el retraso acumulado en la entrega de la VPO de Loma Colmenar y ha asegurado que la revisión de precios del proyecto del Campus es “de obligado cumplimiento”. No obstante, Román va a pedir un informe jurídico sobre la aplicación y legalidad de “lo previsto en el Pliego”. Con respecto a los helicópteros la consejera ha visto “graciosa” a la oposición. “Todos están de acuerdo con el transporte aéreo pero critican la subvención, que no sabemos cómo concretar: de momento lo que hay es una previsión de subvención de 300.000 euros”, ha resumido.

Hernández ha justificado el voto en contra del PSOE en que la oposición “no puede consentir que se juegue con el dinero público a costa de menos Educación, menos Cultura, menos Deporte y menos servicios públicos” y Aróstegui ha hecho lo propio con el no de Caballas en sus reparos a “informes técnicos que operan en contra de los intereses de la Administración [sobre Loma Colmenar]; y liquidaciones, revisiones y modificados que siguen siendo los agujeros negros de los contratos públicos [en relación con el Campus]”.

“Usted sabrá que hay una empresa que quiere poner una línea de hidroaviones con precios sensiblemente más baratos y cuyo único inconveniente parece ser incompatible con los helicópteros, por lo que habrá que estudiarlo porque nosotros apoyamos cualquier alternativa que mejore la conectividad pero no dar subvenciones de esta manera, sin previsiones de beneficios o pérdidas, sin ningún papel”, ha hilvanado el de Caballas sobre 'Hélity'.