El diputado de Caballas, Juan Luis Aróstegui interpeló en septiembre de 2012 al entonces responsable de la comunicación institucional y consejero de Economía y Hacienda, Guillermo Martínez, acerca de la publicidad en las sociedades municipales. Buscaba Aróstegui el rastro del despilfarro municipal en anuncios que sorteaban el estricto plan de ajuste puesto en marcha para cumplir con los requisitos exigidos por Montoro tras facilitar un crédito de más de 80 millones de euros para pagar facturas atrasadas a los proveedores. De ese margen de la norma se estaría beneficiando El Pueblo de Ceuta, medio que había realizado una beligerante campaña contra Caballas, apenas un año antes, para las municipales de 2011, en el marco de la que llegó a mencionar incluso en algún artículo de opinión a la nieta del diputado localista que ese día interpelaba. Nada dijo en su respuesta Martínez de que El Faro también mantuviera un contrato de publicidad con Emvicesa. Pero un año después, la empresa editora del diario, Joaquín Ferrer y Cia presentó en el juzgado un proceso monitorio para reclamar 18 meses de facturas por publicidad en base a un tres contratos firmados en 2008 y prorrogados de forma automática año a año.

Era septiembre de 2013, y el Faro presentó un único proceso de reclamación judicial, y no tres por los tres contratos para el ejercicio 2012, por un valor de 164.476,89 euros, por 28 facturas, con fecha siempre del último día de cada mes de ese año. Y por otras 14 facturas (el primer semestre) de 2013 por un valor de 88.267,40 euros. En total 252.744,29 euros. A la vista de la reclamación se puede deducir que cada uno de los tres contratos rebasa en su valor los 20.000 euros.

Además, la reclamación la presenta la sociedad Joaquín Ferrer y Cia, la sociedad limitada con la que opera administrativamente el decano y con la que había firmado el contrato Emvicesa y no InvesCeuta, la otra sociedad con la que opera el diario y que era la que había presentado factura por factura ante Emvicesa desde enero de 2012. El primer documento de reclamación judicial lo firma el padre del hoy senador, Guillermo Martínez, en aquel septiembre de 2013 ya dimitido.

La hoy consejera de Economía y Hacienda, Susana Román, preguntada por el asunto, ha asegurado a Ceutaldia.com que las sociedades públicas se pueden regir en su contratación como lo hacen las privadas. Pero lo cierto es que en la arcaica web de Emvicesa se puede seguir consultando el perfil del contratante cuya fecha es del 28 de noviembre de 2008 y que reproduce un texto que entró en vigor el mismo 1 de enero de 2008, el día que se firmaron los contratos, y que en el punto 3 de su artículo 4 establece que: “Los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación, cumpliendo con las normas establecidas en el artículo 95 de la Ley de Contratos del Sector público. Se consideran contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 18.000 euros, cuando se trate de otros contratos. Cantidades todas ellas sin incluir el IVA”. Menciona el IVA por que la normativa que rige la contratación pública es nacional.

Eso también lo señalan los servicios jurídicos de Emvicesa en febrero de 2014, y tal vez en informes anteriores requeridos por Intervención al recibir las facturas.

Lo que de facto suponía la obligación para Emvicesa de haber utilizado algún tipo de contratación que no fuera directa para los tres contratos de El Faro, extremo que no aclara Román, quien en un primer momento al ser preguntado por el expediente se mostró dispuesta a mostrar a Ceutaldia.com toda la documentación y después se negó a ello, lo que ha hecho imposible para este medio acceder a parte de la documentación, como los contratos firmados en 2008 y prorrogados automáticamente hasta 2013. Tampoco ha podido ver la misma documentación algún grupo de la oposición que ha solicitado por escrito la misma hace ya dos semanas.

Lea también:

- Así se apañó Román para pagar a El Faro miles de euros públicos en publicidad que no se publicó 

- El MDyC exige que se depuren responsabilidades por el pago de publicidad sin publicar

- Emvicesa firmó en 2008 tres contratos el mismo día, para el mismo servicio con la misma empresa

- Emvicesa adjudicó a El Faro de forma directa tres contratos no menores, sin ningún concurso

- Román pactó pagar 277.000€ a El Faro en publi con informes en contra y sin asignación presupuestaria

- Román encargó un informe externo al hoy abogado de Antonio López que abogó por pagar a El Faro a pesar de la no emisión de publicidad