Un total de noventa y dos opositores, más del 90% hombres y apenas media docena de mujeres, están incluidos en la lista definitiva de aspirantes admitidos a las oposiciones convocadas para repartir nueve plazas en la Policía Local. La ratio de candidatos por vacante es bastante baja si se compara con otros procesos cercanos en distintos Cuerpos de Seguridad: en el caso de la Policía Nacional, en el período comprendido entre 2011 y 2013 llegó a haber 237 aspirantes a convertirse en agente por puesto ofertado pero nunca ha caído de un mínimo de 20.

Solamente un aspirante ha sido excluido por presentar su solicitud fuera de plazo.

El Tribunal calificador se reunirá el próximo lunes, 13 de febrero. Su presidente titular es Sebastián Vega y el suplente, Alfonso Vega. Como secretarios están designados Miguel Ángel Villena (titular) y Rafael Matres (suplente). La relación titular de vocales la integran Antonio Jurado, Francisco Javier Yáñez, Felipe Manuel Escriña, Juan Francisco Vega, Marc Soteras y Jaime Hoyos.

Los interesados debían acreditar "en el momento de finalizar el plazo de presentación de solicitudes" tener la nacionalidad española; contar con 16 años cumplidos (y no más de la edad máxima de jubilación forzosa); estar en posesión del Título de Bachiller o Técnico; acreditar la aptitud física mediante la presentación de un certificado médico extendido en un impreso oficial y firmado por un colegiado en ejercicio; no haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas; carecer de antecedentes por delitos dolosos; presentar una declaración jurada de compromiso de portar armas y utilizarlas en los casos previstos por la ley; estar en posesión de los permisos de conducir de las clases A y B; y comprometerse a conducir vehículos policiales.

El requisito de contar con esas dos licencias de conducir excluía directamente, según CCOO, a los menores de 20 años, ya que para tener uno es necesario acumular dos años de antigüedad con el otro.

El sindicato impugnó a mediados de noviembre la convocatoria ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo en reclamación de protección de los derechos fundamentales. La demanda se basa en la "indefinición e imprecisión" de algunas pruebas, que a su juicio sitúan a los aspirantes "en condiciones de inseguridad jurídica y otorga al tribunal un margen abusivo de discrecionalidad que vulnera el principio de igualdad que debe respetarse en todos los procesos selectivos de acceso a las administraciones públicas".

El proceso incluirá una fase de oposición libre y un Curso Selectivo de Formación. La primera constará de reconocimiento médico (eliminatorio, sobre actitudes intelectuales y características de la personalidad) y de varios ejercicios. Entre ellos se cuentan una prueba práctica para que el aspirante "demuestre que tiene perfecto conocimiento del medio en el que va a desarrollar su trabajo" (a cada aspirante se le facilitará un vehículo, y acompañado por varios miembros del Tribunal, se trasladará a uno o varios sitios o lugares de la Ciudad, que previamente les serán indicados), unas pruebas físicas y otra de conocimiento (desarrollar por escrito durante cuatro horas y treinta minutos tres temas elegidos al azar).