El Pleno de la Asamblea ha aprobado este lunes el nuevo “Reglamento regulador del procedimiento de concesión y control de cédulas de habitabilidad, así como de las condiciones mínimas que deben reunir las viviendas” con los votos a favor de Caballas, de cuya iniciativa parte el nuevo reglamento, y del PP y la abstención del PSOE. El reglamento establece entre otras cosas la posibilidad de que construcciones tipificadas como ilegales puedan contratar los suministros básicos (luz y agua) sin que ello interfiera en la calificación urbanística de cada vivienda. Una decisión que Delegación del Gobierno podría recurrir.

Delegación del Gobierno ha confirmado este lunes a ceutaldia.com que su proceder será esperar a que la Ciudad Autónoma notifique de forma oficial la aprobación del nuevo reglamento, para estudiar si se ha atendido a su alegación o no –no se ha atendido- y estudiar con sus jurídicos si se recurre por vía judicial o no la decisión adoptada por el Pleno de la Asamblea. Conclusión: Todo apunta a que Delegación recurrirá la decisión del Pleno. Algo que de producirse sentaría un precedente inédito entre administraciones del mismo signo político en Ceuta.

La aprobación no ha estado exenta de polémica, la que ha venido acompañando al debate en los medios de comunicación, con declaraciones de unos y de otros, especialmente cuando el delegado del Gobierno subió el tono el pasado lunes al vincular estas viviendas a las que se pretende facilitar su acceso a los suministros básicos con el terrorismo yihadista.

También este lunes en la sesión del Pleno de la Asamblea la polémica ha salpicado los discursos. Así, el concejal de Caballas, Juan Luis Aróstegui, ha atacado duramente a la Delegación del Gobierno por sus maniobras en pro de paralizar el reglamento y su anuncio de recurso judicial al mismo.

Para el de Caballas la aprobación del reglamento y el debate suscitado es “atípico” y se ha preguntado “¿de dónde sale tanta maldad?” en una ciudad “tan religiosa”. Al tiempo que ha atribuido la polémica “al sector más intransigente del PP para hacer daño a Caballas” obviando que a quien hace daño “es a la ciudadanía intentando ligar esta normativa con un proceso de promarroquinización” lo que ha considerado “un error político de dimensiones incalculables, además de una flagrante mentira”.

Así, el de Caballas ha establecido en su discurso un recorrido por distintas iniciativas presentadas por su grupo y paralelamente la respuesta ante las mismas de las administraciones. Según Aróstegui a Caballas le preocupa desde hace tiempo el futuro de una ciudad que tiende a los “100.000 habitantes” y los servicios necesarios que se han de generar, tales como educación, empleo, etc. En base a eso, ha recordado Aróstegui, Caballas llevó al Pleno una propuesta para que se generará una comisión de expertos que analizara la cuestión, propuesta aprobada por el Pleno sin avance alguno real en el ámbito administrativo que depende de la iniciativa del Gobierno.

“Sobran bocazas en esta ciudad”, ha apostillado en su recorrido en una alusión indirecta al delegado del Gobierno.

En ese recorrido su siguiente parada ha sido el 40 por ciento del suelo de Ceuta en propiedad del Ministerio de Defensa. Ahí, ha recordado que su grupo defiende (3 iniciativas parlamentarias le avalan) la recuperación a coste cero del suelo que legítimamente, entiende Caballas, es de los ceutíes y que Defensa no está usando en la actualidad. Pero, ha proseguido, se ha topado Caballas con el voto en contra de los populares y la actitud del Gobierno de Rajoy que “especula con nuestro suelo y pretender vendérnoslo a nosotros mismos”.

“La ilegalidad primera que hay en esta ciudad es la que compete al mercado laboral, que es la que genera los asentamientos ilegales”, ha continuado Aróstegui. Asunto que también ha llevado a Pleno Caballas para proponer una actuación contundente de la autoridad competente, en este caso la Delegación del Gobierno. El PP votó que no. “¿Qué hace al respecto Delegación?”, se ha preguntado Aróstegui. “Nada”, se ha contestado. “Porque de ello obtienen intereses y beneficio muchas personas en esta ciudad”, ha remachado.

“Todos tenemos derecho a una vida digna y quien ponga esto en cuestión es una mala persona”, ha cerrado Aróstegui en una intervención que ha obligado a terciar al presidente Vivas ante el subido tono del localista que ha llegado a calificar al delegado de “señor de las bravatas” y “sheriff de la plaza de los Reyes”, expresiones retiradas acto seguido a petición de Vivas, que le ha llegado a pedir “que si tiene que insultar a alguien, nos insulte a nosotros, que estamos aquí presentes” y que si tiene que hacer algún tipo de valoración de otro tipo lo deje para las ruedas de prensa. “¿Qué opina de que el delegado haya dicho de nuestro grupo que somos cómplices del terrorismo?”, le ha preguntado Aróstegui a Vivas. El presidente ha obviado la pregunta concreta sobre la que ha preferido no pronunciarse y acto seguido, al igual que ha hecho la consejera de Fomento, Susana Román, instantes después, “ha suscrito de la A a la Z la política de gestión de la Delegación del Gobierno, para evitar polémicas innecesarias”, ha afirmado.

Román ha restado importancia a la postura de la Delegación reduciéndola al lógico y normal control de la legalidad, al tiempo que ha defendido la bondad del reglamento que ha aprobado el Pleno este lunes. Y al tiempo que ha coincidido con Aróstegui en la falsedad de uno de los argumentos políticos que viene usando la Delegación del Gobierno que el reglamento legalizará de facto muchas construcciones ilegales. “No estamos tratando de crear una puerta falsa. Esos es mentira y queremos que los ciudadanos lo entiendan”, ha afirmado Román.

Por su parte Carracao ha presentado una enmienda que ha sido desestimada que pasaba por añadir al texto un matiz, que es el de que la autorización con carácter excepcional para el acceso a los suministros básicos fuera acotada para “los residentes legalmente establecidos antes de la entrada en vigor de esta ordenanza”.