Ni "negligencia" ni corrupción. El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, tiene la sensación que todo el 'caso Urbaser' se ha desvirtuado con un único propósito: encontrar algo, cualquier cosa, para "engancharle" y "quitarle del medio". "Sinceridad por sinceridad, coño", ha reclamado este martes en una comparecencia extraordinaria ante el Pleno para explicar los pagos realizados a la empresa entre 2001 y 2013 que, como se esperaba, ha dejado pocas o ninguna novedad.

El líder del Ejecutivo local sigue repitiendo que esos 4,8 millones de euros que se pagaron de más a Urbaser por la amortización de la maquinaria no se abonaron ni por torpeza ni por maldad. Es el fruto, ha dicho, de la inclusión de ese concepto en los precios unitarios. “La Ciudad ha pagado lo que, de acuerdo con el contrato, tenía que pagar, ni un euro de más, y esa afirmación es compatible con el hecho de que ahora, en la liquidación de la concesión, que finalizó en febrero, los técnicos hayan constatado una sobreamortización de la maquinaria”, ha incidido el presidente, quien ha insistido en el hecho de que durante la ejecución del servicio no era posible detectar esa desviación.

Según Vivas “el de la amortización de la maquinaria no debió ser considerado un coste variable y no tuvo que ser incluido en los precios unitarios de los servicios” pero en cualquier caso “esas deficiencias se diluyen en términos globales porque se ha pagado, en conjunto, lo que en 2001 una auditoría externa y el Consejo de Estado dictaminó que era justo para garantizar la estabilidad de la concesión y no incurrir en enriquecimientos injustos para ninguna de las partes”.

El presidente ha recordado que para los auditores el 13,5% de margen operacional que se concedió a Urbaser en el contrato para beneficio industrial y otros gastos "no era excesivo" y ha reconocido que, visto desde la actualidad, incluir un 15% en intereses de adquisición de los vehículos fue desmesurado, pero no ha dejado de recordar que al final no se pagó de más, que en el fondo se trató de un contrato hecho a machetazos para cuadrar un total justo que, si se desmenuza, revela taras.

"Para haberlo detectado antes habría que haber llevado una cuenta para cada máquina y esto no se hizo", ha alegado Vivas, "porque no se consideró necesario y obligatorio, porque no había ninguna cláusula que estableciera de forma expresa que la amortización era individual y variable en función del número de servicios".

Desde el punto de vista del primer edil "no ha habido negligencia pero ustedes", ha afeado a la oposición, "lo usan todo para devaluar el crédito del Gobierno, llevan esto al límite de que cualquier rectificación o controversia se convierte en un error achacable a la Administración sobre lo que hay que pedir responsabilidades". "Aquí", ha lamentado, "se trata de enganchar por algún sitio a Vivas y quitarlo de en medio, coño, sinceridad por sinceridad, pero muchas personas honradas con independencia han actuado en este asunto, en el que hemos sido coherentes y vamos a defender los intereses de la ciudad aunque haya que reconocer errores porque eso nos supera y está por encima de todos nosotros".

Consignas: "Transparencia, legalidad e interés general"

El líder del Gobierno Popular ha añadido que su equipo "se dedicó a comprobar que los servicios se prestaran conforme a lo exigido en número, medios y calidad; que se aplicaran los precios unitarios; que no se rebasara el precio global y que se contratara al personal en número igual al comprometido". A partir de ahí, ha subrayado, cuando Urbaser se negó a entregar los vehículos y pidió 1,3 millones a cambio, el Gobierno reaccionó "siempre en defensa del interés general".

"Hemos actuado de oficio, siempre, siempre a iniciativa propia, sin advertencia o denuncia previa de nadie", ha advertido, "y eitero mi plena y absoluta confianza en quienes han hecho la fiscalización económica de este contrato, en su honorabilidad, profesionalidad e independencia, porque las únicas recomendaciones de este Gobierno a los técnicos han sido: defensa del interés de la Ciudad, transparencia y legalidad".

Para combatir la rumorología, el presidente también ha destacado que "desde que este asunto se convierte en un debate público, desde que conozco el informe del técnico contable, yo no he tenido ningún contacto con Urbaser, ni telefónico ni presencial, y en absoluto he pactado ningún importe de reclamación". "No podía ser de otra manera y así ha sido", ha zanjado.

"Es posible pensar que con la reclamación asumimos un error; es razonable", ha asumido para abrochar su exposición inicial. "Ahora bien, ha sido un error absolutamente involuntario que no se puede achacar ni al desinterés ni a la falta de control ni al descuido ni a la negligencia: es un error", ha remachado, "que conduce a una reacción inmediata de la Administración en defensa del interés general a pesar de que el asunto sigue siendo discutible a ojos de los técnicos".

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