Permítanme comenzar mi colaboración de hoy recordando una atapa clave en la consolidación de nuestro sistema democrático, la Transición Española, un periodo convulso en el que la intolerancia dio paso al consenso con la legalización de los principales partidos políticos españoles. Un proceso que finalizó con la legalización del PCE tras la aceptación de su máximo líder, Santiago Carrillo, de la bandera rojigualda, la bandera de España. Un gesto que representó el final del fanatismo y el comienzo de la democracia fruto del sacrificio de todos los españoles.

Durante años, el espíritu conciliador de aquellos padres de la democracia acompañó la actuación de los representantes políticos de la sociedad española. Un largo y fructífero periodo de tiempo finiquitado “ipso facto” desde el mismo instante en que el sectarismo comprobó apesadumbrado el final de unos privilegios amparados exclusivamente en intereses partidistas tras comprobar como los españoles otorgaban su confianza mayoritariamente a una formación política que recogía un país despedazado consecuencia directa de años de corrupción para conducirlo por la senda del crecimiento económico.

La historia se repite una vez más aunque, agravada la situación tras siete años de desgobierno progresista, que ha situado al país al vagón de cola de todos los países miembros de la Unión Europea, tras alcanzar el mayor índice de desempleo y la más alta cuota de déficit público. La respuesta del progresismo español a la decisión mayoritaria de los españoles de otorgar su confianza al Partido Popular no se ha hecho esperar y aprovechando una sentencia unánime, contundente y clarificadora dictada por el máximo órgano judicial, el Tribunal Supremo, arremeten vehementemente contra la democracia española puesto que, cuestionar las instituciones democráticas del Estado, es cuestionar la misma democracia.

El juez Baltasar Garzón ha sido juzgado en un proceso transparente, lleno de garantías a diferencia de lo que el hizo con los imputados del caso Gürtel. La sala de lo Penal del Alto Tribunal, por unanimidad, ha condenado al juez “estrella” a once años de inhabilitación, con la consiguiente pérdida definitiva del cargo de juez por un delito de prevaricación, conculcar el derecho fundamental a la defensa de los ciudadanos. Es la primera ocasión en que se enjuicia un caso de estas características puesto que vulnera uno de los derechos garantizados por nuestra Constitución.

Las duras críticas vertidas en los últimos días contra la aplicación de la Ley a todos los ciudadanos por igual ejercida por quienes son incapaces de aceptar una decisión judicial cuando supuestamente ataca sus intereses muestra los verdaderos sentimientos del progresismo sectario, el verdadero talante de una izquierda española que no duda en regocijarse del sufrimiento de millones de españoles. Ahora más que nunca los demócratas debemos aunar esfuerzos en la defensa de nuestro sistema democrático. Sin ninguna duda, en política no todo está permitido, no podemos arriesgar lo alcanzado tras años de sacrificios y esfuerzos.