Sorprende comprobar el mimetismo de los portavoces de la coalición Caballas al apropiarse por intereses partidistas de planteamientos ajenos. En esta ocasión, debo referirme al anuncio efectuado el pasado viernes por la portavoz del Gobierno de España relativo a la aprobación de una nueva Ley que posibilitará a la justicia española analizar en profundidad la gestión económica de los recursos públicos de los dirigentes políticos sancionando a quienes incurrieran en algún delito tipificado en ella, la Ley de Transparencia y Buen Gobierno.

Esta Ley recogerá sanciones de diferente gravedad a quienes incumplan los límites de déficit y endeudamiento que fije la Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada en el Congreso de los Diputados durante la anterior legislatura, a quienes comprometan gastos o asuman obligaciones sin crédito suficiente para su financiación, o a quienes eludan el reflejo contable de las obligaciones asumidas (facturas no contabilizadas). Además, como consecuencia de las actuales circunstancias de crisis económicas, el nuevo Gobierno pretende incluir en el nuevo Código Penal penas similares a las aplicadas por delito de malversación en los casos demostrados de despilfarro.

El Ejecutivo del Partido Popular plantea sancionar a los políticos “despilfarradores” con penas de prisión de tres a seis años e inhabilitación absoluta por tiempo de seis a diez, y que en el caso de que la malversación revista “especial gravedad” esta pueda alcanzar incluso pena de cárcel de cuatro a ocho años e inhabilitación absoluta. Una reforma que castigará con todo el peso de la Lay a aquellos gestores que intencionadamente perjudiquen a los ciudadanos con decisiones negligentes que quebranten a la Hacienda Pública o a los servicios que financien. Por tanto, quedan perfectamente delimitados los supuestos recogidos en la nueva Ley.

Pues bien, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, los ideólogos de la Coalición presentan en la sesión plenaria de hoy una propuesta cuyo único objetivo es desacreditar la gestión económica del Gobierno ceutí equiparando la deuda total con sus proveedores, situación equiparable a la que sucede en la inmensa mayoría de ayuntamientos españoles, con un supuesto tipificado en la nueva Ley de Transparencia. Quizás debería recordar a los diputados localistas las deudas muy superiores reconocidas por otras corporaciones comparables a la nuestra en cuanto al número de habitantes censados: Jaén (300 millones de euros), Jeréz (300 millones), Alcorcón (120 millones), El Ejido (114 millones) o Alcalá de Henares (94 millones). Por tanto, cuando la demagogia protagoniza la acción política esta pierde cualquier indicio de credibilidad.