Porque los ciudadanos no pagan a sus dirigentes para que ocupen titulares de reyertas en los medios de comunicación,  o para que corran por la calle rumores de truculentas visitas de madrugada a los centros que de él dependen. Les abonan el sueldo, y bastante elevado por cierto, con sus impuestos para que gestionen sus intereses, busquen el beneficio y la riqueza común y hagan avanzar una ciudad que lo que necesita es más trabajo y menos palabras.

Si mantienen esta actitud, Vivas y Gordillo mostrarán su auténtica cara, no la de las calles peatonalizadas, los maceteros y los apretones de mano. Ni tan siquiera la de la Manzana del Revellín, el soterramiento, los engrasadores o los despachos millonarios. Sino la de personas que ofrecen dudas razonables sobre su apoyo a la democracia, y que parecen dar por bueno que  todo vale para eliminar cualquier indicio de crítica o disparidad, incluida la violencia.

El Gobierno de la Ciudad está en todo su derecho de acudir a los Tribunales y denunciar a CCOO si cree que ha injuriado su actuación. Incluso, aunque pueda suponer un agravio en comparación con otros funcionarios que no han contado con tal apoyo, es comprensible que ponga a disposición de los trabajadores de Menores el servicio jurídico del Ayuntamiento. Pero lo que nunca es perdonable ni admisible es que un Gobierno admita la violencia como método de censura y acallar las críticas, la consienta y la arrope en su seno. Una vez más, la democracia es un sistema que no sólo se basa en la elección en las urnas. La legitimada no la da únicamente el voto, sino también el ejercicio del poder. Y el Gobierno de Vivas, por desgracia, la perdió por completo el lunes por la mañana en Punta Blanca.