Intolerable descoordinación sanitaria. Arréglenlo

Editorial


Los casos activos de covid en Ceuta se encuentran estos días en el entorno de los 600. La ciudad ya está también en el cuadro de honor de la que era hasta ahora, probablemente, la única lista negativa en la que le faltaba medalla, la de la tasa de incidencia de la pandemia. Pero estos días la ciudadanía, sobrecogida por las duras restricciones que ha venido soportando desde marzo y angustiada por las dificultades económicas que las mismas están suponiendo para cientos de autónomos, trabajadores y negocios ha tenido que asistir además a un espectáculo bochornoso: el insólito cruce de reproches en público entre las dos administraciones que tienen las competencias para tratar de frenar la pandemia, el Gobierno de la Ciudad Autónoma y la Delegación del Gobierno. Eso sí, ambas coinciden en una cosa, en culpar de la nefasta situación a la que hemos llegado a todos, especialmente a la ciudadanía por su irresponsabilidad, sin hacer la más mínima autocrítica.

El director territorial del Ingesa, Jesús Lopera, puede, pero no debe decir que si no se hacen más test la culpa es del Gobierno de la Ciudad Autónoma. Durante el periodo del mando único, cuando todas las competencias las ejercía y las dirigía el Ingesa, en Ceuta tampoco se hacían muchos test y era ya entonces la región con menor número de pruebas diagnósticas practicadas a la ciudadanía.

El Gobierno de la Ciudad Autónoma puede, pero no debe indignarse por la acusación. Ha desperdiciado desde el mes de mayo un tiempo valiosísimo para afinar sus equipos y protocolos de rastreo e incluso para dotarse de medios propios con los que hacer cribados, esto es, test, a los casos sospechosos por ser contactos directos de los enfermos diagnosticados como positivos. Ha tenido tiempo y dinero porque el Gobierno central ha regado con millones las arcas municipales para implementar políticas sanitarias para tratar de controlar la pandemia, como bien recordó este lunes Jesús Lopera. Hay que recordar que la competencia de salud pública, que incluye el control epidemiológico es enteramente de la Ciudad Autónoma y sólo dejó de ejercerla los meses que duró el denominado mando único.

Ingesa dejó de practicar pruebas diagnósticas para confirmar la sanación de los enfermos mediante un test negativo cuando la situación desbordó los equipos de laboratorio clínico y en base a que desde mayo los protocolos dictados por el Instituto Carlos III ya no lo exigían, ni tampoco lo recomendaban. Muchas personas que vivieron eso se alarmaron y lo airearon creando más zozobra e incertidumbre en la vecindad. ¿Tan difícil era explicarlo a tiempo? Y es que ese es uno de los problemas evidentes que ambas instituciones arrastran desde el minuto uno de la pandemia, que sus comunicaciones sobre qué se está haciendo son tacañas en información y detalles salvo cuando se trata de aplicar restricciones y culpar a la ciudadanía por su irresponsabilidad. Algo que deberían explicar, por ejemplo, es por qué se siguen aplicando duras restricciones a los negocios de hostelería si no está en su actividad la explicación al crecimiento descomunal de los casos, como las propias autoridades sanitarias afirman. O por qué no habilitan el hotel municipal o cualquier otra instalación para que se cumplan las cuarentenas de los aislados si ,como parece por sus señalamientos, parte del problema está en que la “irresponsable ciudadanía” no cumple a rajatabla las cuarentenas. El protocolo del Carlos III les habilita a hacerlo e incluso lo recomienda.

Ambas instituciones parecen haber fallado o, como poco, no haber puesto todo el celo en el ejercicio de sus importantes competencias, cuyas consecuencias son y serán restricciones más duras que terminarán por cerrar negocios viables. Restricciones que parecen un corta y pega de las de otras administraciones como Andalucía. En este caso parece que las famosas peculiaridades y especificidades de Ceuta no cuentan. Sólo para pedir dinero al Estado sirven. No cuenta ni lo reducido del territorio ni lo reducido de la población, ni la idiosincrasia geográfica, características que facilitan, por un lado, poner en marcha una campaña de cribados masivos para saber exactamente en qué punto está la pandemia y, por otro, controlar que quienes entran en la ciudad lo hagan saludables.

Lo mínimo que deberían cumplir es afinar los protocolos de coordinación. Pero lejos de eso, no son ni capaces de llevar una lista única y fidedigna de los casos diagnosticados. Sucede desde hace semanas que Ingesa notifica a la Ciudad Autónoma los casos que diagnostica y los hace públicos bajo la etiqueta de datos de la Consejería de Sanidad e Ingesa. Pero no son reales. En la dirección contraria, la Ciudad Autónoma no ha notificado al Ingesa los casos que le reportaban las clínicas privadas, aunque luego sí lo hacía al Ministerio. La “irresponsable ciudadanía”, según ambas instituciones, ni tan siquiera merece el esfuerzo de poder conocer con fidelidad y detalle cuál es el avance de la pandemia. Sería un detalle menor si no fuera por la descoordinación que denota. Si no son capaces de comunicarse mutuamente los casos y hacer un sumatorio único ¿qué garantías tiene la ciudadanía de que los esfuerzos por rastrear los casos sospechosos son los adecuados? Falla la base.

Como poco no parece prudente culpar a la ciudadanía por su irresponsabilidad a la hora de cumplir las medidas de protección individual cuando ninguno de los dos ha sido capaz de cumplir con sus competencias de forma óptima, que es lo que exigía la situación, antes de tener que llegar a dictar restricciones copiadas y pegadas que van a generar pobreza a espuertas.

La situación es de urgencia, pero se anuncian cribados en la explanada junto al Hospital sin que pasados cuatro días hayan comenzado a funcionar. La Ciudad de momento sólo ha comprado 12.000 test de antígenos. Eso sí, en este tiempo en el que los rastreos se hacen con personal militar prestado y voluntarios de la Facultad de Enfermería, sí hubo ganas y tiempo de comprar por la vía de la emergencia un lote de productos sanitarios a un concesionario de coches a precio desorbitado sin que nadie asuma responsabilidades políticas por ello. Ni tan siquiera una disculpa pública. Sólo la huida hacia delante con la fe puesta en que el Juzgado no encuentre el resquicio legal para condenar la compra y depurar por la vía del mazo las responsabilidades que debieron haberse depurado ya políticamente. ¿Cuántos test de antígenos se podrían haber comprado con el dinero del sobreprecio de esa compra, cuya urgencia ni tan siquiera parece justificada, a diferencia de la urgencia que sí existe en reforzar los equipos de Epidemiología con rastreadores y personal capaz de hacer los test? Porque efectivamente, como respondió el Gobierno al director territorial del Ingesa, la Ciudad no tiene la capacidad diagnóstica de Ingesa. No. Pero es su competencia dotarse de ella en la situación actual. Con lo cual esa declaración supone en la práctica reconocer que no han hecho sus deberes. Los cribados, esto es, las pruebas a los casos sospechosos por ser contacto directo de un positivo, son competencia de la Ciudad Autónoma desde que decayó el mando único.

Se tilda a la ciudadanía de irresponsable por no cumplir las medidas de protección. Pero nosotros no podemos dejar de preguntarnos ¿Cuántas de las famosas 400.000 mascarillas compradas a 0,64 euros la unidad, entre 2 y 3 veces el precio de mercado, han sido repartidas a ese 40 por ciento de la población local que vive en la pobreza o al borde de ella y para cuyas economías familiares el gasto en mascarillas puede suponer la puntilla definitiva?

Más aún, en este medio recibimos estupefactos el sábado una comunicación del Gabinete de Prensa del Gobierno de la Ciudad Autónoma en la que se nos rogaba que le diéramos la máxima difusión a los gráficos que habían elaborado para dar a conocer las nuevas restricciones que entraban en vigor en la medianoche del 9 de noviembre. El Gobierno le está pidiendo máxima difusión de una información que es importante a un medio de comunicación al que no considera para lanzar sus mensajes de publicidad institucional por intereses inconfesables. Obviamente lo hicimos, incluso con gusto, porque a diferencia de otros, nosotros sí asumimos nuestra responsabilidad social.

Si de lo que se trata es de lograr una mayor implicación de la ciudadanía no parece la mejor manera lanzarles acusaciones y reprimendas públicas desde los púlpitos políticos sin asumir ni un mínimo de autocrítica, como cualquier psicólogo les podría explicar con detalle. Más bien parece que nos quieren culpar a todos de su propia incompetencia. Si quieren construir empiecen a hacerlo con mensajes de refuerzo positivo y no con reproches sin autocrítica. Hagan por ejemplo campañas que apelen a lo mejor de nosotros mismos, repartan mascarillas a quienes no puedan pagarlas, o introduzcan alguien con empatía en el equipo de expertos.

Dejen de pelearse en público, de causar asombro y bochorno y empiecen a trabajar codo con codo. La irresponsable ciudadanía se lo exige, le va la vida en ello. El atormentado tejido económico se lo exige, también le va la vida en ello.