No sirve de excusa la coyuntura económica, que el déficit nacional no sea el que se preveía, que la situación en lugar de oscura sea negra. Se pudieron haber hecho otras cosas distintas o, como poco, algunas de las planteadas ahora, antes (tal y como venía proponiendo la “demagógica oposición”) que hubieran evitado tener que llegar a plantear recortes en las nóminas a entre el 20 y el 30 por ciento de los trabajadores de la Ciudad Autónoma de entre 300 y 800 euros mensuales. Y no es cierto que todos cobran una barbaridad. Algunos de esos afectados ganan 1.500 euros al mes que se van a quedar en 1.200. Imposible cuadrar cuentas así.

Conviene también señalar que los que cobran más no se pusieron ellos a sí mismos el sueldo. Sus salarios y sus complementos son fruto de la gestión del Ejecutivo, que sin ir más lejos en la última negociación colectiva aceptó la primera oferta salarial que le presentaron los sindicatos, sin intentar rebajarla ni medio punto. Y también de la labor que hacen y la responsabilidad que afrontan.

Aparte quedan otros 600 trabajadores aproximadamente de las sociedades municipales y organismos autónomos sumidos hoy por hoy en el más absoluto desconcierto. Saben que algo quieren hacer con ellos, y que ese algo no apunta a que sea bueno, pero no saben ni cuándo, ni cómo, ni qué. Y así pasan los días y las noches. No parece una gestión eficaz ni que contribuya a la paz social, al menos, seguro, no a la personal y familiar.

Tampoco es verdad que no se vaya a destruir empleo. Ya se ha hecho con los trabajadores del convenio de inmigración.Marcha atrás temporal incluida.

¿Cómo es posible que en mayo hubiera superávit en las cuentas públicas y ahora sea urgente recortar 8 millones del gasto? ¿No se sabía esto cuando Márquez presentó y defendió sus presupuestos, ahora demostrados ficticios, hace 33 días?

La coyuntura económica difícilmente puede servir de excusa para recortar las nóminas de los trabajadores cuando Ceuta cuenta con uno de sus mayores ingresos, el IPSI por importaciones, compensado. Una herramienta de estabilidad presupuestaria que ya quisieran para sí todas las autonomías.

La explicación más bien hay que buscarla en una mala gestión económica unida a la sordera, producida por soberbia en muchos casos, que sistemáticamente ha tenido el Gobierno cuando los que hablaban, criticaban y proponían eran los de la oposición.

La Relación de Puestos de Trabajo es un ejemplo perfecto de esa nefasta gestión. Ha sido reclamada hasta la saciedad por la oposición desde que Vivas la prometiera ya en 2001. Se han pagado estudios que han costado decenas de miles de euros hasta superar la centena para su elaboración (al parecer no está tan sobredimensionada la plantilla cuando hay que encargar estudios a empresas privadas). Se ha dejado en el cajón y se saca ahora. Y mientras ese retraso, ese incumplimiento sistemático de los mandatos legales en materia de ordenación de recursos humanos en las administraciones públicas se acumulaba, mientras el tiempo corría, el Gobierno ha seguido contratando personal también por decenas al más puro estilo GIL, tan criticado por el PP de Vivas y Carreira en la oposición. Sin bases que regulen su entrada en la administración, ni tampoco su consolidación. Todo a golpe de decreto, sin un documento que estableciera si esos trabajadores eran necesarios o no y cómo había que seleccionarlos. Ahí está el INEM y sus perfiles, el engrasador, los exámenes de la Policía Local y un largo etcétera, que sobre todo han servido para minar la imagen de la institución y de sus trabajadores, todos, los que entraron por la puerta de atrás y los que aprobaron un concurso oposición.

El sector público, la administración local, su plantilla, sus sociedades y entes autónomos piden una reestructuración y una reordenación a gritos. Es muy necesaria. Pero no la piden en los últimos 33 días. Lleva siendo necesaria durante los últimos años (11, 5 ó 2, pongan la cifra que quieran, acertarán seguro). Y en ese sentido hay que aplaudir al Gobierno por intentarlo, aunque sea tarde, mal, nunca y a la desesperada.

Las formas no son las mejores. Se hace sin información previa a nadie, ni sindicatos ni oposición, sin negociación previa, aparcando al trote acuerdos de hace tan solo dos semanas y lanzando amenazas, que, además, chocan en su contenido con la legalidad vigente.

Así no es de extrañar, que oposición y sindicatos (que nadie olvide que representan a los trabajadores) recuerden ahora y esgriman que otros gastos son recortables antes que las nóminas de los trabajadores para lograr el ahorro que sea necesario. Topiarias, estatuas, plan aparca, Consejo de la Juventud, iluminación ornamental y viaria, muebles, alquileres como el de la Giuce, compras a proveedores sin gasto consignado que generan demandas judiciales y pagos de esa deuda con intereses, subvenciones a una larga lista de entidades y asociaciones que convendría revisar, dietas… La lista es larga. Demasiado larga, para un editorial y para un Gobierno que ha presumido siempre de ser eficaz en la gestión y prudente. La realidad ha demostrado que no es verdad. Y si no era verdad esa eficacia en la gestión y la situación es un desastre alguien debería asumir responsabilidades por ello. Esto no es la herencia de Zapatero, es la gestión del equipo de Vivas. La oposición lo venía advirtiendo. La oposición lo habría hecho mejor.

Como prueba última de que se ha despilfarrado el dinero público está el propio plan. Se señalan ahora como prescindibles gastos variopintos, los propios servicios que presta el personal (sin control ante la inexistencia de una RPT), subvenciones, alquileres y otros cargos variopintos. Ahora se han vuelto prescindibles ¿antes no lo eran? ¿Se estaba malversando el dinero público? Todos queremos creer que no, que no ha habido malversación y sólo una ineficaz gestión económica.

Aún así, y a pesar de tanto despropósito, la situación genera una oportunidad. Es muy necesario, lo lleva siendo años, reordenar la administración local. Convendría que el Gobierno aparcara su plan unilateral y se sentara a tres turnos con sindicatos y oposición para alcanzar dos objetivos: Por un lado esa imprescindible reordenación pública, haciendo hincapié en la parte laboral, exigiendo la responsabilidad que quizás no han tenido hasta ahora a los sindicatos, pero consensuándola; y escuchando a la oposición y estudiando sus propuestas sin concluir de ante mano que son demagógicas. Un buen Gobierno sabe escuchar a todos y se queda con lo mejor de cada uno. Y si hay trabajadores públicos que no trabajan (serán algunos, nunca todos, ni seguro la mayoría o muchos, más bien pocos) se les debe expedientar y exigir que rindan. Y si hay quienes cobran lo que no deben tendrán que ver ajustadas sus nóminas. Es de justicia y seguro que los sindicatos están de acuerdo.

Por otro lado, es necesario también lograr paliar el déficit público. Se puede y se debe encontrar otras cosas en las que ahorrar que no sean las nóminas de los trabajadores públicos. Son alrededor de 2.000 personas. ¿Nadie se ha preguntado aún cómo va a repercutir esa merma en su poder adquisitivo en el comercio local y en el global de la economía ceutí? ¿Qué piensa la patronal de esto? ¿Por qué siguen callados tres días después? ¿No les interesa? El ahorro cuantificado por el Gobierno en ese recorte es de un millón de euros ¿De verdad no hay otras partidas más prescindibles hasta sumar ese millón de euros? ¿No hay ningún proyecto urbanístico que se pueda retrasar? Urge hacerlo. Urge pagar a los proveedores, locales prioritariamente, que viven con el agua al cuello y una deuda impagada por la ciudad en la mano, en la mente y en el balance.

El Gobierno debe reconducir la situación, trabajar el consenso con oposición y sindicatos y alumbrar un plan distinto del presentado. La oposición y los sindicatos tienen la obligación y el reto de demostrar responsabilidad y ayudar a superar este atasco. Están obligados a demostrar, otra vez, que saben hacerlo mejor que el Gobierno.