El plus de residencia y el SMI: la puntilla que puede matar a cientos de empresas ceutíes
Un coste puntual se paga una vez. Un coste salarial entra todos los meses en la nómina, arrastra cotizaciones sociales, condiciona convenios y se convierte en referencia para la próxima negociación colectiva. Esa diferencia es la que muchos análisis sobre el plus de residencia están pasando por alto.
La propuesta anunciada por la Delegación del Gobierno es aparentemente simple: que el plus de residencia deje de computar para alcanzar el SMI —fijado en 1.221 euros mensuales en 14 pagas para 2026— y pase a abonarse siempre como complemento adicional. Resultado: la empresa tiene que cubrir el SMI íntegro con salario base y, encima, pagar el plus de residencia por encima. Lo que antes sumaba para llegar al mínimo, ahora se añade sobre él.
Sobre el papel, el trabajador cobra más. En la cuenta de resultados de una pyme ceutí, aparece un incremento estructural nuevo, recurrente y sin negociación previa.
Y aquí viene lo que nadie dibuja en la pizarra.
Cuando sube el suelo salarial, la pirámide entera se comprime. El trabajador de entrada se acerca al oficial, el oficial al encargado, el encargado al responsable de turno. La empresa entonces tiene que elegir: deja que la escala interna pierda su lógica —con todo lo que eso implica en motivación y retención— o reajusta todas las categorías hacia arriba. Ese efecto de arrastre explica por qué la Confederación de Empresarios de Ceuta cifra el impacto global en más de 12 millones de euros anuales afectando a unos 3.100 trabajadores del sector privado. En escenario prudente, advierten. El número real puede ser mayor.
Pero las empresas ceutíes no llegan a esto desde una posición cómoda. Los convenios colectivos de hostelería, comercio y servicios han acumulado subidas salariales significativas en los últimos ejercicios, subidas que muchas pymes han aceptado en la mesa de negociación asumiendo que el plus de residencia seguiría computando como siempre. Esa era la letra pequeña que todos daban por garantizada. Ahora resulta que no lo era. Y cabe preguntarse: si las empresas hubieran sabido en aquella mesa que el plus iba a dejar de absorberse, ¿habrían firmado esas subidas? Casi con certeza, no. La Delegación del Gobierno ha cambiado las reglas después del partido. Y quien paga esa factura no es quien la firmó.
Para buena parte del tejido empresarial local, esto no es asumir un coste nuevo desde una posición saneada. Es recibir la puntilla —ese último golpe certero que en el toreo remata lo que ya no puede sostenerse— sobre una estructura que llevaba meses aguantando con lo justo. Para las empresas más pequeñas, las más intensivas en mano de obra, las que no pueden repercutir más costes en el precio sin perder al cliente, esto no es un ajuste. Es el cierre.
Y entonces aparece la pregunta que más incomoda.
El plus de residencia no es un capricho histórico. Su encaje dentro del cómputo del SMI no fue una imposición: fue el resultado de negociaciones entre empresas y trabajadores, plasmadas en convenios que reflejan el equilibrio posible en este mercado concreto. Sacar el plus del cómputo por vía de una iniciativa unilateral plantea una cuestión que va más allá de los números: ¿puede una instrucción administrativa intervenir sobre condiciones salariales ya pactadas en convenio colectivo? ¿O estamos ante una medida que deja al convenio fuera de juego sin haber contado con ninguna de las partes que lo firmaron?
Si la respuesta es que sí, el problema no es solo el plus de residencia. Es la señal que eso manda sobre la seguridad jurídica de cualquier acuerdo laboral futuro en Ceuta. ¿Para qué negociar si lo pactado puede rehacerse desde arriba sin avisar?
La mejora salarial duradera no nace de apretar más a las pymes. Nace de que haya más empresas capaces de pagar mejor porque producen más. Mientras esa conversación siga pendiente, cada nueva reforma llegará como una obligación más sobre el mismo tejido productivo que se supone hay que fortalecer. Y cuando ese tejido no pueda más, los titulares hablarán de desempleo y cierres — no de la medida ideológica que los desencadenó.
Ceuta no está para experimentos que ignoran su realidad económica. Y sus empresas, tampoco.