Constituir una línea de actuación sustentada en la protección y en la igualdad de oportunidades, en el derecho y en la inclusión, en la tolerancia y la no discriminación, en el respeto y el desarrollo de una vida digna ha de ser concebida como un conjunto de medidas de actuación y defensa relevantes y de máxima prioridad para la erradicación y la lucha contra la desigualdad, la exclusión y la pobreza.

Factores como el desempleo y las pésimas características y cambios acontecidos en el mercado laboral actual, incitan a que las situaciones de desigualdad y pobreza se agraven, sin embargo, señalar que este aspecto ya no es determinante, ni concluyente a la hora de determinar o no la situación de pobreza y necesidad. Porque tener o no un trabajo ya no es sinónimo de solvencia ni de bienestar.

El empleo de calidad se presenta cada vez más como una alternativa utópica y una odisea. La crisis y los modelos económicos basados en cercenar y recortar principalmente sistemas como el de referencia educativa y el de las políticas sociales, no hacen más que promover el vertiginoso crecimiento de los colectivos vulnerables como familias monoparentales con hijos/as menores a cargo, personas en situación o riesgo de exclusión social, mujeres (feminización de la pobreza), personas mayores y personas con discapacidad entre otros. Pero sobre todo las dificultades y trabas de ciertos sistemas de protección, que alegan caridad y beneficencia, favoritismo frente a derecho y bienestar social, incrementan la tendencia hacia el crecimiento de esta situación.

Por ello, es tremendamente desolador que frente al 50% de la ciudadanía ceutí, que vive bajo los umbrales de la pobreza y la privación material y/o el 54% de población infantil que sufre y padece de primera mano la dureza de la pobreza, se halle únicamente la respuesta de un gobierno regido por la ineficacia e incapacidad.

Es deprimente y sombrío que los poderes públicos aboguen por la austeridad y “la rigidez selectiva”, sustentada en el “etiquetado” de primera, segunda, o “invisible” categoría de su ciudadanía, que anteponga intereses y favores personales, en detrimento de la acción principal que es la de atender y velar por la protección de toda la ciudadanía, en igualdad de oportunidades.

Lamentablemente, las medidas de actuación por parte de los poderes públicos para satisfacer las situaciones de necesidad son cada vez, más y más, frágiles promoviendo que los derechos de quienes más lo necesiten se vulneren (vulnerabilidad de la vulneración).

La desigualdad, el desempleo y la exclusión a la que están sometidas las personas que atraviesan situaciones de pobreza, vienen prácticamente de la mano, de la incapacidad y la falta de respuestas efectivas de parte de determinados actores públicos. Pues, las situaciones de pobreza y por consiguiente la exclusión social a la que se ven sometidos/as, no son hechos aislados, que requieran respuestas esporádicas o puntuales. La atención real, ha de ir más allá de una simple “tirita” o una “débil medalla de desvirtuada realidad” (algo así, como la conocida gestión parcheada e inoperante de los planes de empleo de la ciudad o su triste puesta en escena en materia de bienestar social).

Toda acción social por parte de los poderes públicos en esta materia ha de ir encaminada en la puesta en marcha de una concienciación política social coherente de carácter integral que aboguen por erradicar las pésimas y lamentables consecuencias de la pobreza, sin olvidar la inversión y sin caer en presumibles perspectivas de agradecimientos y “medallas” de caridad, sino en la ejecución y obligación de derechos.

Es necesario que todos y todas actuemos y trabajemos juntos y juntas en la reducción de la pobreza. Atender y satisfacer las necesidades básicas e intervenir en la lucha contra la desigualdad, la marginación y la exclusión ocasionada por la situación de precariedad y privación propia de la pobreza, se han de enmarcar y contemplar como objetivos de actuación inmediata y desde la prioridad que se merece la intervención en mitigar, erradicar y luchar contra las situaciones de pobreza.

Recordar al gobierno en estas líneas, que plantear políticas sociales efectivas no es equivalente a promover situaciones de dependencia de las prestaciones económicas de carácter público sino eficacia y garantía de políticas de acción social basadas en actuaciones integrales y todas aquellas medidas que luchen contra la erradicación de la pobreza no solo hoy, sino como una actuación prioritaria y de obligado cumplimiento en las agendas políticas.