- La discapacidad es un fenómeno que puede afectar a cualquier persona a lo largo de su ciclo vital.

Entre otras circunstancias, hechos como los accidentes de tráfico, de trabajo y/o la mayor prevalencia de la enfermedad crónica, originan que las causas de poder presentar discapacidad sean de muy diversa índole y que el número de personas con discapacidad esté expuesto constantemente a tender al alza. La discapacidad es por lo tanto, un aspecto presente en las personas pero también en las sociedades y en su definición y sistemas de creencias y afirmaciones sociales.

En nuestra ciudad, un 11.3% de los ceutíes, son personas con algún tipo de discapacidad reconocida, hecho que sitúa a Ceuta, como la segunda localidad con mayor presencia de personas con discapacidad.

Estos acaecimientos han de incentivar y promover que los poderes públicos ejecuten como líneas de actuación prioritarias la participación y promoción del bienestar y salvaguarda de las personas con discapacidad, a fin de lograr impulsar y favorecer el bienestar y mejorar la calidad de vida de las personas. Pues, proteger y salvaguardar a aquellos sectores de la población en los que por una determinada circunstancia como puede ser tener discapacidad, presentan una mayor presencia de vulnerabilidades o de desventajas con respecto a otra persona, resulta esencial para promover la inclusión social, en igualdad de oportunidades que los demás.

Sin embargo, como viene siendo habitual, las tergiversaciones e inconducentes actuaciones de carácter efímero y obsoletas llevadas a cabo por los poderes públicos en materia de atención e intervención social están muy alejadas de la eficiencia y realidad que demandan estos colectivos caracterizados por la vulnerabilidad y exclusión.

Resulta como mínimo imprudente por parte del gobierno del olvido, que siendo Ceuta la segunda ciudad con mayor presencia de personas con discapacidad, no encuentre entre sus recursos de intervención con un Consejo específico sobre discapacidad, aprobado en Pleno.

Nos hablan de gastos y de costes solidarios pero no de realidades y obligaciones. Nos venden eslóganes, lemas y discursos acicalados de engaños y mentiras, que ponen de manifiesto el carácter inepto e incompetente de las actuaciones basadas en estados de asistencia y caridad para mejorar la situación de quienes tienen discapacidad, desde la beneficencia y lejanía y no desde la obligación y cercanía, que como ciudadanos y ciudadanas merecen.

Los poderes públicos, perfilan apócrifamente derechos sociales y ficticias mejoras, que nunca llegan y que lo único que logran es vulnerar aún más a la fragilidad de este colectivo.

“Tiran por la borda” y sin contemplaciones los logros y esfuerzos alcanzados por las personas con discapacidad, por las familias y por las iniciativas sociales. Sin embargo, no dudan en apresurarse en colgarse agradecimientos ysumarse al carro de los reconocimientos.

Los poderes de gobierno actual, obvian que las personas con discapacidad, son un colectivo en situación o riesgo de exclusión social que requiere de medidas de representación necesarias.

Para una inclusión plena y efectiva, en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía que no presentan discapacidad. Los poderes públicos han de de promover laparticipación de las personas con discapacidad, de sus familiares y de las entidades que trabajan para reconocer y defender su derecho a tener y disfrutar de una vida digna, libre de desigualdad, discriminación y/o exclusión social.

Los poderes públicos no pueden ni mucho menos deben de desentenderse y alejarse de lo que les corresponde defender y proteger. Delegar no debe ser jamás equivalente al olvido, ni mucho menos, la institucionalización de desigualdades.

Aunque que pensar de quienes sufren amnesias y pérdidas sociales evadiendo los intereses, las responsabilidades y los compromisos que realmente les corresponden, en pro de los propios.

Lamentablemente, la ciudadanía con discapacidad, aún, ha de recordarles a algunos y a algunas que a pesar de tener discapacidad siguen siendo ciudadanía y como tal tienen el derecho constitucional, moral y social de participar y de exigir sus intereses, en igualdad de oportunidades y condiciones, con independencia de presentar o no discapacidad, de ser mujer u hombre, de ser mayor o joven y/o de ser del PP o no.