Es ahora, cuando se acepta (porque no tienen más remedio) la resolución judicial de la sala de lo contencioso del tribunal superior de justicia de Andalucía, del que dependemos, y que deja sin efecto las licencias de las algunas terrazas por considerarlas molestas y que por tanto, debe cumplirse el reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. La referida sentencia explica que las terrazas son actividades molestas y que por tanto, la concesión de las licencias debe tramitarse teniendo en cuenta a los vecinos y vecinas de la zona y con la realización de un estudio de impacto previo sobre la posible contaminación acústica que se puede ocasionar.

A buenas horas se va a enterar el gobierno del PP de que es aplicable la ley del ruido y el reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, después de varios años y del consiguiente desembolso económico de nuestras maltrechas arcas (las que se nutren de nuestros bolsillos) en procedimientos judiciales que se podían haber evitado. Este gobierno ha demostrado que, como muchas otras veces, las quejas de la ciudadanía y de las asociaciones locales poco les importan y sólo la justicia es capaz de someterles. Ahora, incluso están dispuestos a modificar a prisa y corriendo las ordenanzas de implantación de actividades y de uso del dominio público. Los problemas y los perjuicios que puede causar el ruido a la salud son mucho más graves de lo que muchas personas imaginan y, de hecho, en algunas sentencias llega a equipararse a las agresiones físicas, además del grave daño psíquico que puede ocasionar, puesto que quienes viven expuestos a ruidos constantes llegan a sufrir problemas depresivos o a tener dificultades para conciliar el sueño precisando tomar ansiolíticos, entre otros problemas. Además de todo ello, también hay otras lecturas que se pueden hacer y a las que cada cuál dará la importancia que le parezca. Por ejemplo, ¿tendrá, la referida sentencia del TSJA, y su acatamiento, alguna influencia sobre las imputaciones que pesan sobre el que fuera consejero de fomento y actual gerente de la GIUCE? ¿Desaparece con esta resolución y con las modificaciones reglamentarias que ahora se van a hacer de manera exprés, cualquier base de hecho en la que se apoyaban las imputaciones? Este gobierno acostumbra a sacar partido de cualquier resolución, incluso de las que les dejan en evidente ridículo, por lo que no sería de extrañar que haya más consecuencias que las evidentes.