Hoy, es de justicia para reflejar la lucha de la integración de las personas con discapacidad, evocar y aludir, al artículo 49, recogido en nuestra Constitución Española, donde en el cual se estipula y establece que los poderes públicos, deberán amparar obligatoria e incondicionalmente, a las personas con discapacidad, garantizar, mejorar y promover el disfrute de los derechos fundamentales, el bienestar y la participación, en las diversas esferas de la vida económica, cultural, política y social (a tenor del título primero), que se otorga al conjunto de la ciudadanía, en condiciones de libertad y de igualdad.

La igualdad y la promoción del bienestar y salvaguarda de las personas con discapacidad son derechos esenciales y fundamentales, que se han de ejecutar desde la seriedad y la firmeza; desde la situación real de sus necesidades y demandas y obviamente, aunque nos entristezca tener que recalcar y hacer alusión a ello, a pesar del paso de los años y de los logros conseguidos, desde la inamovible y real concepción, de que las personas con discapacidad, no son en absoluto “etiquetas” de “caridad”.

Las personas con discapacidad, son ante todo personas, que exigen y reivindican que se cumplan y lleven a cabo el respeto por sus derechos sociales y sus posibilidades, en igualdad de oportunidades. Acentuar más que nunca que tener o no una discapacidad, no debe de ser bajo ningún concepto, motivo de discriminación y exclusión.

Todos y todas, con la especial implicación de los poderes públicos, hemos de luchar por dar paso a la reivindicación y reclamación de actuaciones regidas y sustentadas en la “valía y oportunidad” de las personas con discapacidad; en actuaciones e intervenciones que dejen atrás los ajustes de caridad y se adapten a la capacidad y posibilidades de las personas con discapacidad.

Reivindicar y promover que se garantice y asegure la inclusión plena de las personas, desde la necesaria, indispensable e inexcusable participación y promoción social de las personas con discapacidad, con actuaciones, atenciones e intervenciones que se sustenten y basen en la igualdad, la tolerancia y la solidaridad, se hacen hoy más que nunca necesarios.

Ser persona con una determinada discapacidad supone enfrentarse por el mero hecho de sufrir o padecer discapacidad, a numerosos y asiduos retos, prejuicios, estigmas y barreras (arquitectónicas y mentales) que conducen a una posición de desigualdad, discriminación y exclusión social frente a la ciudadanía que no presenta discapacidad.

Todos y todas, con especial protección por parte de los poderes públicos, hemos de ser conscientes de que de no intervenir para paliar y erradicar la situación de discriminación por la que atraviesan las personas con discapacidad, se desemboca directamente al aislamiento y desarraigo social de las personas con discapacidad.

Objetivos como el de defender, garantizar, establecer y promover la inclusión e integración plena, por lo tanto, se han de concertar y efectuar por parte de los poderes públicos en particular y de la sociedad en general, como objetivos prioritarios. Pues, desde la prioridad y relevancia que se merecen y que logran transmitir las personas con discapacidad, con su esfuerzo, superación, constancia y lucha.

Por ello, hoy y siempre, es necesario recordar y afirmar que es imperioso y preciso abordar al reto de la discapacidad, como un hecho de trascendencia social en el que desarrollar y potenciar todas aquellas líneas y medidas estratégicas para favorecer y mejorar su bienestar y calidad de vida de las personas con discapacidad, se han de establecer por parte de los poderes públicos como líneas continuistas de actuación de obligado cumplimiento.

Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad requiere de políticas sociales que se diseñen atendiendo a la dignidad y al pleno desarrollo de las personas con discapacidad y partiendo siempre de la base de la igualdad de oportunidades. Para lograr este tan preciado objetivo se han de diseñar estrategias sostenidas en el tiempo en las que se configuren acciones de sensibilización y concienciación continuistas y que permitan proteger, apoyar y fomentar la inclusión de las personas afectadas por alguna discapacidad, todos los días y no sólo en los días señalados. Trabajar para eliminar y erradicar los impedimentos y obstáculos que dificulten e impidan la inserción plena de las personas con discapacidad ha de ser prioritario y buscar la colaboración y cooperación de todos y todas en aras de conseguir la inclusión plena de las personas con discapacidad, en particular y, enriquecer al conjunto de la ciudadanía en general.