Cuando he leído el contenido de sus declaraciones, he recordado mis tiempos de universitario allá por el año 1974. Antes de la muerte del Dictador. En las aulas siempre estaban los típicos 'falsos estudiantes', que no eran más que agentes de la policía secreta. Los famosos 'sociales'. Su función era pasar información sobre las actividades de los 'subversivos'. Es decir, de los que pretendían subvertir el ordenamiento legal establecido y traer la 'democracia' a este país. Porque aquél ordenamiento jurídico de la Dictadura, también era legal, pues emanaba de los órganos del Estado legalmente establecidos. Aunque fuesen la consecuencia de un golpe de Estado contra el Gobierno legal de la II República. Afortunadamente, la democracia llegó unos años después. Aunque los de la brigada 'social' siguieron haciendo de las suyas muchos años más. Incluso en los Gobiernos de Felipe González actuaron a sus anchas. Es decir, conforme ellos entendían la Ley y el Orden. Aunque lo hicieran, en aquella ocasión, contra unos canallas. Pero por procedimientos poco ortodoxos, que después se volvieron contra el propio Estado de Derecho. Estos policías pre democráticos, muchos de ellos ascendidos a comisarios, siguen estando en las Instituciones del Estado, aunque ya muy reconvertidos. Pero continúan teniendo un 'tic' autoritario muy fuerte. Y no toleran las críticas. Mucho menos de organizaciones que, cuando ellos tenían más poder, eran 'subversivas'. No sé si estamos ante un caso de estos. Ni siquiera sé si nuestro amigo tiene el grado de comisario. Lo que sí sé es que, en esta ocasión, se ha pasado un poco.

Como he dicho en otras ocasiones, los principios de publicidad, mérito y capacidad, que han de regir en el acceso a cualquier cargo o empleo público derivan de la propia Constitución Española, que en su artículo 14 establece que todos los españoles somos iguales ante la ley, y en los artículos 23.2 y 103 habla del derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, así como que el acceso a la función pública se hará de acuerdo con los principios de mérito y capacidad. Y si esto no se hace se estará cometiendo un abuso de derecho y una desviación de poder, que al estar prohibido por el ordenamiento jurídico, conllevará, necesariamente, la nulidad del acto administrativo en cuestión.

Para concretar estos principios, el sistema que existe es el de la convocatoria pública para acceder a cualquier puesto de la Administración Pública. En dicha convocatoria se deberán explicar con detalle las bases a las que se tienen que ajustar los aspirantes, entre las que se encuentran las pruebas que deberán realizar, o los méritos que tendrán que aportar. Y esto se deberá de hacer, ya sea cada vez que exista necesidad de cubrir una vacante, o para formar bolsas de contratación, para así permitir que la Administración pueda recurrir a los aspirantes incluidos en las mismas, por orden de puntuación. Esto es lo que manda la Constitución Española y dicta el sentido común. Sin embargo, en la Ciudad Autónoma de Ceuta se ha decidido suprimir las bolsas y las convocatorias públicas, y recurrir a la selección que hace el Servicio Público de Empleo. Primera consecuencia. Los que no estén inscritos como parados, o en mejora de empleo, no pueden acceder a los puestos de esta Administración. Por ejemplo, otros trabajadores, públicos o privados. O algunos autónomos. Segunda consecuencia. Cuando se quiere que alguien, amigo o familiar, entre, la cuestión está más fácil. De ahí que hayan entrado en la Ciudad Autónoma de Ceuta hermanos de Consejeros, esposos de Consejeras, o esposas de Asesores. Un escándalo que ve todo el mundo, menos el comisario y su jefe, el baranda.Vivas calla y otorga.

Mi consejo al Sr. Nieto es que se tranquilice. Y que escriba más poesía, que no se le da mal. Y que si cree que todo el mundo lo hace mal, menos él, que dimita, pues ese es el primer síntoma de agotamiento en un político. Seguro que le irá mejor paseando por las faldas del Hacho.