24 enero 2010 01:26 h.
Conforme a la legislación de Régimen Local, el padrón municipal es un registro administrativo en el que toda persona que viva en España está obligada a inscribirse. A ello obliga también la legislación de extranjería. Igualmente, sirve para que las Administraciones Locales reciban fondos de los Presupuestos Generales del Estado. No obstante, esta es una de las cuestiones más controvertidas de la normativa de extranjería, pues enfrenta el interés de la Administración del Estado en controlar la inmigración irregular, con el interés de la Administración Local en la función de integración que potencia el padrón municipal.
Aunque la inscripción en el padrón municipal no es prueba de residencia legal, sino del domicilio donde se vive, lo cierto es que la misma produce un importante efecto jurídico, como es el de disfrutar de determinados derechos (por ejemplo a ser oídos en asuntos que les afecten, siempre que se tenga residencia legal, o a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles, o a la enseñanza postobligatoria no universitaria y a la obtención de la titulación académica correspondiente). Y además, hasta 2003 no podía ser utilizada como prueba policial para demostrar la situación de irregularidad de un extranjero en España, ni como registro de sujetos susceptibles de expulsión.
Las consecuencias de esta situación jurídica, junto con otros factores, hicieron que desde el año 2000 en adelante el número de emigrantes censados comenzara a distanciarse del total de inmigrantes legalizados en forma casi exponencial. En la actualidad podemos rondar el millón de inmigrantes sin residencia legal, aunque empadronados en los Ayuntamientos. Pero, ¿qué razones económicas hay detrás de esta realidad?.
De los datos que ofrecen las estadísticas oficiales se desprende que desde el año 2000 en adelante, los inmigrantes residieron en las Comunidades españolas de mayor PIB, como Cataluña, Andalucía, Madrid, Valencia y Canarias, y trabajaron en sectores como la agricultura, construcción, hostelería, comercio y servicio doméstico. Y también que su tasa de actividad era muy superior a la de los trabajadores nacionales, su tiempo de permanencia sin empleo menor y su participación en la economía sumergida muy elevada. Por tanto, el problema de la inmigración ilegal no es más que una cuestión de interés económico, del que nos beneficiamos todos.
Es decir, que mientras que han estado contribuyendo al sostenimiento de nuestro sistema de bienestar, todo el mundo ha mirado para otro lado. Los Ayuntamientos, porque recibían más dinero de los Presupuestos Generales. Los empresarios, porque disponían de mano de obra barata y dócil. El Ministerio del Interior, porque así no tenía necesidad de proceder a la expulsión de los ilegales, a pesar de que desde la reforma legal operada en la Disposición Adicional séptima de la Ley de Bases de Régimen Local por la Ley 14/2003, podían acceder a los datos del padrón municipal para hacer cumplir la normativa de extranjería.
Sin embargo, ahora estamos en crisis y se acercan los períodos electorales. Y los grupos xenófobos se hacen cada vez más presentes en política. Ante ello, el recurso más fácil, y también el más irresponsable, es culpar al inmigrante de nuestra situación. El problema es que esto puede prender una mecha que quizás no pueda apagarse. Y no está el país para bromas en este momento. Vamos, creo yo.