Y cuando aún no se nos ha pasado el 'susto',  nos vuelve a amenazar, en esta ocasión, por las denuncias de los padres del Colegio público Príncipe Felipe, y de la Junta de personal docente de Ceuta, tras las lesiones sufridas por dos adolescentes,  por los golpes de los porteadores. El asunto es que una de las menores ha tenido que ser hospitalizada y los padres no aguantan más la situación. Por esto, creen que existe una dejación de funciones por parte de Delegación de Gobierno, que no adopta las medidas necesarias para  proteger la integridad de los menores.

Pues bien, lo que nos dice el Delegado es que él no tiene competencias, y vaticina que tales denuncias van a servir para 'poner en su sitio'  al Presidente de la Junta de Personal, como si éste estuviera en un sitio equivocado, o no actuara correctamente al hacer de portavoz de unos padres y de unos docentes que llevan más de un año reclamando soluciones a las autoridades competentes. Veamos dónde está el problema.

El asunto no es más que el tema recurrente de las competencias de las distintas policías. Ocurrió cuando la policía local detuvo al Jefe de la Policía portuaria, sin que el Delegado se pronunciara; y está sucediendo ahora, cuando unos dicen que la competencia de regular los accesos al Colegio público Príncipe Felipe le corresponden a la Policía Local, y otros dicen que son de la Policía Nacional, o de la Guardia Civil. Efectivamente, las competencias de regulación del tráfico dentro de las ciudades son de las policías locales y de los Ayuntamientos. Pero cuando, además de regular el tráfico, se trata de un asunto de orden público, en éste caso provocado por las avalanchas de porteadores, y de prevenir la comisión de un acto delictivo, como lo es el causar una lesión a una menor de edad cuando acude a su centro escolar, las competencias pasan a ser de la Policía Nacional, o de la Guardia Civil. Y en último extremo, de la Policía Local, pero en coordinación con los estatales.

Pasa igual que cuando se celebra una manifestación. La regulación del tráfico la hace la Policía Local, pero el orden público lo mantienen las policías nacionales, porque las competencias de orden público y de seguridad ciudadana le corresponden a estas policías, y al Gobierno de la Nación, salvo en el País Vasco, que por un acuerdo político, también las tiene la Ertzaina. Y en cualquier caso, el Gobierno de la Nación y, en su nombre, el Delegado del Gobierno, tienen la última palabra en estos asuntos, estando obligados legalmente a tomar cuantas medidas sean necesarias para llevar a cabo una actuación coordinada con el Gobierno local de Ceuta, que evite nuevas lesiones de los niños a la entrada o salida del colegio.

Este tema, que está perfectamente regulado en las leyes, pero que además es de sentido común, nuestro Delegado no lo entiende. Al parecer, tampoco sus asesores. Por el contrario, se dedica a lanzar amenazas a unos y a otros, como si de esta forma se resolvieran los problemas.

Yo creo que a este Delegado le pasa algo así como al torero de la película de Almodovar, cuyo título he cogido prestado para éste artículo. Retirado por una cornada prematura, cambió los toros por las mujeres y después de amarlas, las mataba, como única forma de revivir la intensa emoción de las faenas. En este caso se trata de un político devaluado y fracasado, que para revivir sus momentos de gloria, si es que alguna vez los tuvo, necesita estar continuamente en la prensa, aunque sea amenazando a diestro y siniestro. Habrá que aguantarlo hasta las próximas elecciones, si Zapatero no lo remedia antes.