Desde que estalló la crisis política en el Partido Popular de Ceuta y, por tanto, en el Gobierno local, los escándalos no cesan. Esto se ha convertido en una especie de vodevil, por llamarlo de forma amable, en el que se suceden los desmentidos, las medias verdades, las mentiras y las frases grandilocuentes. Y sobre todo los 'corrillos'. Lo que nos faltaba ahora eran los Tribunales. Como si estos pudieran arreglar la desastrosa situación a la que nos han conducido un puñado de políticos irresponsables y fracasados, que no ven más allá de su propio interés personal.
Todo empezó con la dichosa grabación en la que quedaba seriamente comprometido el honor personal del hasta hace poco Vicepresidente de la Ciudad Autónoma y Presidente del Partido Popular de Ceuta. Yo le llamaba cariñosamente el ‘baranda', cuando hacía públicas las denuncias por los abusos que desde el poder cometía. Aguantar estas críticas le iba en el cargo. Ahora, algunos de sus anteriores incondicionales, en privado, le llaman Pedro ‘Clinton'. Esto es mucho peor. Sobre todo, cruel. Con su dimisión queda saldada una parte importante de su deuda con la sociedad. Falta que pida perdón públicamente y que si cometió alguna ilegalidad pague por ella. Desde el punto de vista estrictamente personal y humano, sólo queda margen para la compasión, o el desprecio. Esto dependerá de la generosidad y de los principios éticos de cada persona. Políticamente, el asunto no puede quedar ahí.

 

Si las noticias publicadas en la prensa nacional y las declaraciones de la mujer implicada son ciertas, la cuestión sería bastante grave. No tanto por el hecho del acoso sexual, pues al fin y al cabo, parece que ha sido más o menos consentido. Por necesidad, según nos cuenta la protagonista. Aquí la perversidad tiene varias caras. La del supuesto acosador, que ha utilizado un despacho oficial para mercadear con la cosa pública en beneficio propio (si lo ha hecho una vez, se podría pensar que lo ha hecho más veces). La de la presunta acosada, que habría intentado valerse de su filiación política, y de su relación personal con una Autoridad pública, para obtener un beneficio económico, olvidándose de los derechos y necesidades de otros ciudadanos. Si ambas cosas se demuestran, cuestión harto difícil en una ciudad tan pequeña y compleja como Ceuta, podríamos estar hablando de presuntos delitos de cohecho, o de tráfico de influencias, en sus distintas versiones, que se habrían consumado al solicitar la dádiva. Y también de posible vulneración del derecho al honor y a la propia imagen, si el vídeo existe y se hace público. De cualquier forma, las únicas pruebas disponibles, a la luz de lo publicado hasta ahora, serían, por un lado, una confesión personal, que en cualquier momento podría ser desmentida (como en el triste caso del crimen de Fago, o en el de Marta del Castillo), y por otro, una grabación obtenida de forma ilegal, que no es válida como prueba jurídica. Por tanto, desde el punto de vista judicial, posiblemente todo quede en uno más de los episodios a los que nos tienen acostumbrados nuestros políticos.

 

Sin embargo, hay un problema mucho más grave. El grado de responsabilidad del Presidente Vivas. No era necesario colgar en internet ningún video, para saber que la política de personal basada en el amiguismo y el interés partidista, se ha instalado de forma permanente en la Ciudad Autónoma de la mano del Partido Popular de Ceuta. La prueba está en las decenas de denuncias judiciales presentadas por los sindicatos, de las que se ha ido informando en los medios de comunicación. Que los Tribunales tarden en resolverlas más tiempo del que los responsables estén en el cargo, no exime de responsabilidad política a los presuntos culpables. Tampoco al Presidente Vivas.

 

Pero también hay otras áreas que están afectadas por prácticas similares. El capítulo de la manzana del Revellín fue uno. Los presuntos malos tratos a menores del centro Punta Blanca, que de forma inexplicable el Juez sigue manteniendo bajo secreto de sumario, casi un año después de haber sido denunciados, otro. La irregular ejecución del contrato de construcción de 124 viviendas en el Hacho, que el Tribunal de Cuentas ha decidido investigar, el último. Y otros que, con toda seguridad, irán saliendo poco a poco, conforme los de la facción defenestrada vayan perdiendo los puestos clave en los que fueron situados por su jefe.

 

De cualquier forma, la responsabilidad del Presidente de la Ciudad es clara, pues si conocía las tropelías de su 'mano derecha', y no hizo nada antes para impedirlas, sería cómplice de la situación. Y si no las conocía, también debe responder ante los ciudadanos, por no haber sabido controlar lo que hacían los miembros de su Gobierno.

 

Aunque, la verdadera dimensión de la tragedia está en que nuestro Presidente, que ahora lo controla todo, es feliz, a pesar de la que nos está cayendo a todos, por culpa del ridículo nacional que se está haciendo. Por fin el caso ha llegado a los Tribunales. Ya no tendrá que dar explicaciones a nadie. Hay secreto de sumario. El tiempo juega a su favor. Ni la más mínima señal de arrepentimiento, o de reconocimiento de que algo se ha hecho mal. Él sabe que este pueblo no le va a pedir explicaciones. Si acaso algún Juez, en cuyo caso se intentará utilizar hábilmente por sus asesores para que su imagen pública salga nuevamente reforzada. Cinismo en estado puro.

 

Por desgracia, los ciudadanos hemos decidido hacer dejación de nuestras funciones y delegar, permanentemente, en una clase política corrupta e incapaz. Para satisfacción de Marruecos, del grupo Prisa y de Máximo Cajal, en Ceuta hace tiempo que emprendimos el camino hacia el abismo. El problema es que, en este caso, el tiempo juega en nuestra contra. Quizás sea este el precio que debamos de pagar por nuestra indiferencia.