Hace algún tiempo explicaba que la declaración del secreto del sumario en la fase de instrucción no afectaba al derecho constitucional a un proceso público en el resto de las fases, pero sí al derecho de defensa, pues suponía una limitación o restricción al derecho a participar y conocer la prueba ajena en la instrucción. Y además añadía que decretar el secreto absoluto, que es lo que aquí ha ocurrido, implicaba que, salvo el ministerio fiscal, las partes no podrían estar presentes, ni conocer la práctica de las pruebas, hasta que el mismo fuese levantado. Pero que esta medida debía de ser excepcional, pues afectaba de lleno al derecho de defensa. Y además, que tenía que cumplir varias condiciones, entre ellas la de adoptarse por el tiempo imprescindible. Aquí no ha ocurrido así.

La instrucción ha tenido dos partes en el tiempo bien diferenciadas. Una primera, que abarca, más o menos, la mitad, durante la cual se han citado a declarar a los testigos, y se han practicado otras pruebas. Una segunda, que comienza a principios del verano, en la que prácticamente no hay actividad alguna, pese a lo cual, el secreto seguía sin levantarse (pensamos que para que el Juez pudiera analizar toda la documentación). Durante todo ese tiempo, se supone que nadie, salvo el fiscal y el Juez, han conocido el contenido del sumario. Por tanto, no se ha podido llevar a cabo la sana práctica de la contradicción, esencial en un Estado de Derecho.

Tampoco se han aceptado algunas peticiones de personación. En el caso del sindicato Comisiones Obreras de Ceuta, que se limitó a dar traslado a la fiscalía, como era su obligación legal, de las escalofriantes denuncias que llegaron a sus manos sobre estos supuestos malos tratos, tanto de trabajadores del propio centro, como de menores que manifestaron haber sido víctimas de los mismos, se le ha negado desde el primer momento su pretensión de realizar la personación adhesiva a la denuncia del Ministerio Fiscal, como acusación popular. Es más, el abogado contratado por la Ciudad para defender a los trabajadores del centro Punta Blanca (no sé si es que no confiaban en los propios servicios jurídicos del Ayuntamiento), sin duda obedeciendo órdenes superiores, siempre se ha opuesto a esta personación. Finalmente ha triunfado el sentido común y se ha aceptado el recurso de Comisiones Obreras al respecto. Ahora sólo queda el 'pataleo' de aquellos que querían que se conociera sólo su verdad.

En el caso de los trabajadores supuestamente acusados de malos tratos (bueno, lo de acusados es un decir, pues nadie, salvo Gordillo y sus enchufados, se expresó en ningún momento en estos términos), finalmente han podido ser parte, pero sólo como consecuencia de que, como hemos dicho, por el momento, uno de ellos ya ha tenido que prestar declaración en calidad de imputado. Esto les ha permitido conocer el contenido de todo el sumario, desde que se ha declarado la apertura del mismo, y difundir en una nota de prensa, por ejemplo, algunas frases sacadas de contexto, en las que, uno de los denunciantes, tras reafirmarse en sus acusaciones, expresa su opinión de que de sus palabras no deberían de haberse derivado algunas interpretaciones. Claro, es que a Comisiones Obreras habían llegado otras denuncias que dicho trabajador desconocía, que evidenciaban una situación irregular que había que investigar. Entre ellas relatos de jóvenes a los que se les había maltratado. Supongo yo que ahora, al ex vicepresidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta (hoy dimitido por el escándalo sexual ocurrido en su despacho oficial), se le caerá la cara de vergüenza con las declaraciones 'incendiarias' que realizó en su día, en contra de los que denunciaron los hechos, y a favor de los trabajadores del centro (solo por puro interés electoral). Sobre esto, alguien tendrá que explicar algún día al Tribunal de Cuentas por qué se decidió contratar, con el dinero de todos los ciudadanos, a un abogado privado para defender a unos trabajadores, a los que nadie acusó de nada, teniendo la Ciudad unos magníficos servicios jurídicos.

Nadie, salvo los cuatro incompetentes que dirigen los destinos de la atención a los menores en Ceuta, duda de que el centro de Punta Blanca necesita una reforma en profundidad. Fundamentalmente en el aspecto de la dotación de medios materiales y humanos adecuados a la difícil tarea que han de realizar. La denuncia que en su día presentó Comisiones Obreras, podría haber servido para hacer una reflexión y catarsis colectiva. Sin embargo, la necesidad de algunos (por la precariedad de su empleo), mezclada con la torpeza y cobardía política de otros, han hecho que la mezquindad y la miseria sean los protagonistas de esta triste historia. Son los restos del baranda caído.

Esperemos que, finalmente, impere el sentido común, y que la Justicia ponga a cada uno en su sitio. A lo mejor, alguien se lleva alguna sorpresa desagradable. Más que nada, por su malicia y empecinamiento.