No hay que ser actuario de seguros para darse cuenta de que, si la esperanza de vida aumenta, y también nacen menos niños, cada vez menos trabajadores financiarán a más pensionistas. Y como nuestro sistema es de reparto, que es el más justo y sensato posible, a pesar de lo que digan algunos 'pseudoexpertos', o se incrementa la productividad de los primeros, o se recortan los derechos de los segundos, para así garantizar el equilibrio financiero de la Seguridad Social. Aunque, también existen otras medidas. Algunas de estas, apuntadas por los sindicatos, serían no rebajar más las cotizaciones sociales; separar las fuentes de financiación para que los complementos a mínimos no se sufraguen con cargo al presupuesto de la Seguridad Social; incrementar el salario mínimo, que también conllevaría un incremento de las cotizaciones, o perfeccionar los sistemas de recaudación para acabar con el fraude en la contratación y en la cotización. Y por supuesto, crear empleo e incrementar el dinero que se dedica a formación y a investigación, pues esto garantizará un incremento de la productividad. Estas dos últimas medidas son las claves para el sostenimiento financiero del sistema público de pensiones. En cualquier caso, sea cual sea la medida que se adopte, debería ser consensuada en la comisión del denominado Pacto de Toledo. Si ésta regla no se respeta, el juego sale mal. Como ha ocurrido.

Contrasta esta propuesta de ampliación de la edad mínima de jubilación del Gobierno de Zapatero con las decisiones que adoptan en algunas Delegaciones del Gobierno, que son competentes para aprobar la prolongación del servicio activo de los funcionarios más allá de la edad obligatoria de jubilación a los 65 años. A pesar de que esta prolongación ha de ser automática, y lo único que se exige es que se solicite en tiempo y forma, yo conozco tres casos en Ceuta de compañeros a los que no se les ha concedido. Los tres han tenido consecuencias perjudiciales para el servicio, o para ellos mismos. El primero era un magnífico gestor de la Administración Sanitaria, con experiencia, ganas de trabajar y en plenas facultades, que el sistema sanitario ceutí perdió cuando más se necesitaba. El segundo era una persona muy preparada, aunque con poca capacidad organizativa. Pero hacía un buen papel elaborando informes jurídicos. El menoscabo económico que le han provocado ha sido muy importante, pues su vida laboral era muy corta. Su pensión ha quedado recortada de forma drástica. El tercero es una funcionaria docente, que había llegado a la máxima cualificación profesional. Era catedrática. Ningún problema laboral a lo largo de su carrera. Todo felicitaciones. Pero renunció a un cargo administrativo porque consideraba que otros compañeros más jóvenes lo podrían desempeñar mejor. Lo suyo era la enseñanza. El daño moral que le han provocado con el informe denegatorio ha sido tremendo, pues en el mismo se contienen una serie de afirmaciones totalmente gratuitas e inoportunas, que han servido para borrar de un plumazo toda su hoja de servicios. Mayor, desprestigiada y acabada socialmente. ¿Era necesaria esta crueldad en el último tramo de la vida laboral de una persona?. Un denominador común de los tres. Ninguno era de la cuerda política de Zapatero.

Parados, sin pensión y siendo un estorbo para la sociedad. Esta es la sensación que están teniendo miles de ciudadanos a consecuencia de las ocurrencias y las frivolidades de Zapatero. Ni Maquiavelo fue tan perverso.