El pasado martes, 2 de diciembre, se daba la noticia en el diario El Mundo de que la orden de suspensión del juez Santiago Pedraz de un acto de la ilegalizada ANV en Mondragón había llegado con retraso, lo cual propició que el evento se celebrara. Esto ocurría, a pesar de que las Fuerzas de Seguridad avisaron un día antes de la convocatoria de este partido ilegalizado. Al día siguiente, ETA mataba a tiros al empresario vasco Ignacio Uría en la localidad de Azpeitia.

Quizás sea este un ejemplo extremo del funcionamiento irregular de la Administración de Justicia. Pero hay otros muchos de cómo a diario se está consiguiendo que el principio del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución Española se quede en una mera frase retórica, que queda muy bien cuando a ella se apela en demandas y sentencias judiciales, pero nada más. Uno de los más polémicos y públicos, el del asesinato de la niña Mari Luz Cortés. Por ello, considero que no está de más dedicar unas líneas a la importancia que, bajo mi punto de vista, tiene este principio en una sociedad democrática.

Según el artículo 24 de la Constitución Española, todas las personas tienen derecho a la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales para defender sus derechos e intereses, sin que pueda producirse indefensión. Asimismo se proclama que todos tienen derecho al Juez ordinario, a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a la presunción de inocencia, o a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías. He aquí la cuestión.

Los constitucionalistas, por su parte, indican que el derecho a la tutela judicial efectiva es un derecho instrumental que pone el Ordenamiento jurídico a disposición de las personas para defender sus bienes y derechos, lo que exige de los poderes públicos la dotación a la Administración de Justicia de medios materiales y personales suficientes para que la tutela judicial pueda hacerse efectiva. E incluso van más allá, pues consideran que la tutela judicial es presupuesto y garantía de los demás derechos constitucionales, aunque en sí mismo sea también un derecho autónomo.

Las razones profundas de la importancia de este derecho están relacionadas con la esencia de la propia democracia, que a su vez es contraria al absolutismo y a la dictadura. Sólo con las democracias, a pesar de sus imperfecciones, ha sido posible extender los derechos humanos y el Estado social y de derecho a la mayoría de ciudadanos. Y esto no sería así si todos no estuviéramos sometidos, por igual, al ordenamiento jurídico, y si no pudiéramos hacer valer nuestros derechos acudiendo a los tribunales.

Pero, ¿qué ocurre cuando la maquinaria judicial no funciona?. Pues, simplemente, que el ciudadano deja de confiar en el Estado de derecho y empieza a creer que la Justicia es sólo para aquellos que tienen los medios económicos suficientes para pagarse buenos bufetes de abogados. Es decir, comienzan a creerse aquello de que 'la justicia es un cachondeo' y, por tanto, a desconfiar de las instituciones democráticas.

Y ¿por qué se llega a estas situaciones?. La respuesta no es fácil. Una parte de la culpa la tiene la escasez de medios personales y materiales en la Administración de Justicia. Otra, las propias leyes procesales, que a veces no atienden a los avances de las técnicas modernas y hacen que todos tengamos que estar continuamente enterrados entre miles de documentos. Pero también la tenemos los usuarios, los profesionales del derecho y los propios funcionarios. Los usuarios, porque en ocasiones pretendemos que cualquier problema, por nimio que sea, se solucione en los Juzgados. Y no nos damos cuenta de que con esto, no sólo colapsamos la maquinaria judicial, sino que, además, nos creamos complicaciones nuevas. Los profesionales del derecho, que en el afán de proteger a sus defendidos, a veces provocan innecesarios retrasos en los procedimientos con maniobras dilatorias inútiles y desleales. Los propios funcionarios de justicia, incluyendo a los jueces, que con sus decisiones y dilaciones causan un enorme daño a todo el sistema y a los propios ciudadanos. ¿O es que no causa un tremendo perjuicio a los ciudadanos que una sentencia se dicte bastantes meses después de haberse celebrado el juicio, o que un Juez inadmita una demanda en un importante procedimiento de derechos fundamentales, bajo argumentos extremadamente formalistas, o incluso que el Ministerio Fiscal archive causas por hechos que, a todas luces, evidencian tratos políticos de favor, por la simple razón de las dificultades probatorias?. Estos y otros casos similares ocurren a diario en el seno de la Administración de Justicia. En Ceuta y en el resto de España. Y mientras que no se actúe con contundencia para corregirlos, seguiremos padeciendo un deficiente funcionamiento del sistema judicial, con graves repercusiones en los derechos de los ciudadanos y, más grave aún, en el propio sistema democrático.