Intentar cambiar los papeles de los distintos actores sociales y políticos haciendo pasar por verdugos a las víctimas y viceversa es una práctica muy recurrente entre los círculos de derecha y los medios de comunicación a su servicio. El último objetivo de la caverna en su campaña de manipulación no es otro que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Les han calificado de violentos. ¿El argumento? Haber practicado un "escrache" en la vivienda particular de González Pons, esto es, haber acudido a su domicilio con el objetivo de entregarle unas cartas con información y haber pegado carteles y pegatinas en los alrededores, como método de presión. Este acto le ha valido a la derecha para desviar un debate político causado por la ilegalidad de las ejecuciones hipotecarias y centrarlo en los métodos adoptados por las organizaciones de afectados para intentar hacerse oir de una vez por todas. Porque el "escrache" no es más que la consecuencia de una legislación criminal apoyada por el partido que -injustamente- ostenta la mayoría absoluta en el Congreso y la negativa de éste a dar viabilidad a una ley de mínimos trasladada al Parlamento tras la superación de miles de obstáculos y años de lucha.

La derecha ataca a la PAH, tildando el método del "escrache" de acoso o incluso de fascismo, como en el caso del periodista neocón Carlos Cuesta, quien también tuvo tiempo, en un debate televisivo, de usar de forma despreciable su comodín favorito: las víctimas del terrorismo. Y es que ETA siempre le vale a los Cuesta, los Jiménez Losantos, los Marhuenda y demás abyectos portavoces de las fábricas conservadoras de opinión pública. Protestar es ETA, reivindicar derechos es ETA. Pensar es ETA. "Del no a la guerra al sí a ETA" rezaba un titular de "La Razón" bajo una foto de Pilar Bardem hace unos meses. Ese es el nivel de estos basureros de la desinformación.

El señor Cuesta, entre otros, decía que él no criticaba el fondo sino los medios. Que nadie se engañe. La técnica del "yo apoyo tus peticiones pero no tus formas" es la manera más antigua de ataque hacia cualquier forma de protesta. Todos estos embajadores de la democracia y los cauces legales que tanto critican los métodos de la PAH son los mismos que ayer no hablaron de la coyuntura social que, por ejemplo, motivó la huelga general, prefiriendo hablar de cuatro contenedores quemados; los mismos que antes de ayer no hablaban sobre el hambre en España, mintiendo sobre Sánchez Gordillo y convirtiendo el debate en un juicio de valor sobre el acto de protesta que constituyó el tema de los carritos; los mismos que jamás analizaron ninguna de las propuestas del 15-M y se dedicaron a insultarles, a llamarles "perroflautas" y a erigirise en defensores del derecho de todo ciudadano de bien a caminar por la Puerta del Sol sin tener que esquivar tiendas de campaña. Son esa clase de personas que no hubieran apoyado la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, justificando su rechazo aludiendo a que Rosa Parks se "saltó la ley" cuando decidió no moverse de su asiento en aquel autobús, y todo debe hacerse siempre conforme a derecho. No es que estos mercenarios ignoren que son innumerables los momentos históricos en los que los avances democráticos han sido producto de actos y movimientos sociales ejecutados en los márgenes de la legalidad. Es, sencillamente, que cuando hablan de apoyar el fondo pero no los medios mienten. No apoyan ni lo uno ni lo otro. Igual que les da igual que la población humilde de Andalucía pase hambre, les dan igual las peticiones de la PAH, y para justificar su apoyo a la actitud inmovilista del Gobierno se ven obligados a refugiarse en los valores democráticos. Justifican la falta de derechos democráticos amparándose en los mecanismos democráticos. ¿Quién es el antidemocráta aquí?

Ganar unas elecciones no puede ser un cheque en blanco para hacer y deshacer a tu antojo. La democracia debería ser mucho más que elegir cada cuatro años a un dictador sobre el que no se tiene ningún control y en un Estado de derecho digno de este nombre la mentira sistemática debería ser severamente castigada, cosa que en España no ocurre. El Partido Popular no tiene legitimidad democrática, pues es un partido estafador que desde el momento en el que ascendió al poder comenzó a incumplir su programa electoral. Dicho esto, es de traca que sean estos antidemócratas violadores de derechos humanos y sus defensores los que se permitan el lujo de exigir educación y modales a las afectados por sus tropelías y sus antisociales políticas. Los que se ríen de la democracia piden cauces democráticos. Los que no respetan los derechos humanos apelan a los derechos humanos. Los que aplican la violencia día a día les exigen paz a las víctimas de sus agresiones. Un partido político que siempre ha ignorado a su pueblo, como ya hiciera con la guerra de Iraq, aún tiene la poca decencia de pedirle algo a ese pueblo ignorado mientras se postra ante los intereses de un poder económico que no para de crear miseria y violencia entre la población.

El Gobierno manda a policías armados a echar a gente de sus casas y cuando esa gente sin hogar va a la casa de un político (cómplice de su desgracia) a pedirle que vote que sí a una ley de mínimos, muchos idiotas se llevan las manos a la cabeza. La dislexia moral de algunos es urgente que comience a ser tratada por especialistas. LLamar violentos a los activistas de la PAH, cuando es el Estado quien no deja de hacer uso de una violencia estructural que condena diariamente a la pobreza y la exclusión a los sectores más desfavorecidos de la sociedad es de idiotas o de interesados. A ver si dejamos de pedirle que baje la voz al que grita cuando le pegan.

Ante situaciones excepcionales, medidas excepcionales. Es absurdo pretender que no exista tensión y momentos violentos en un contexto social tenso y violento. Absurdo e interesado, como usar de argumento los derechos de los hijos de González Pons para condenar a la PAH. Muchos de los miembros de este colectivo son personas que lo han perdido todo, desesperados con motivos de sobra para cometer cualquier barbaridad. ¿Con qué legitimidad moral se les puede pedir calma y modales a personas estafadas que no dejan de ver como aquellos que deben defenderles gobiernan en favor de sus estafadores? Mucho se ha hablado de la presión que ejerce la PAH, ignorando (casualmente) la presión que ejercen los poderosos, esas personas de dinero que poseen toda facilidad para marcar un número de teléfono, tomar un café con un diputado y hacerle ver aquello que debe o no debe votar. Si se ha llegado al punto de efectuar un "escrache" ha sido precisamente por la negativa continua de los diputados del Partido Popular a acudir a las asambleas de la Plataforma a escuchar sus propuestas. La derecha sabe que la PAH ha agotado todas las vías, que lleva más de cuatro años luchando mediante mecanismos legales y propuestas legislativas y que todas estas propuesta han sido siempre bloqueadas tanto por PP como por PSOE . Saben que han sido más que pacientes y que esta paciencia está costando miles de vidas arruinadas. Si la paz social está rota y nos encaminamos hacia medidas de protesta más radicales no es por culpa de ninguna plataforma de afectados, sino por culpa de una forma de hacer política que ejerce la violencia día a día y nos obliga a los ciudadanos a defendernos.