Después de que la compañía Acciona decidiera duplicar los precios de sus billetes hace unos días, los ceutíes nos hemos despertado con la noticia de que en el último año, esta empresa ha sido sancionada 16 veces por la Consejería de Sanidad y Consumo.

Creo que no descubro que el emperador está desnudo si digo que todos los que habitamos en esta ciudad estamos hartos de los barcos. Y no sólo de Acciona. Subidas de precios, retrasos, travesías que se suspenden porque sí y un sinfín de abusos inaceptables son nuestro pan de cada día. Es lo que tienen los oligopolios. Unas pocas empresas acaparan el mercado y se ponen de acuerdo para vacilar al personal. Las eléctricas lo hacen a nivel nacional. En Ceuta, lo vemos y lo sufrimos a diario a través de la línea marítima, con el descaro de unas compañías que se aprovechan de la importancia vital de sus servicios para hacer lo que les viene en gana.

Esta lamentable situación debe cambiar. Algunos pensamos que algo tan fundamental como la conexión con el resto del país no puede quedar a disposición de los beneficios privados de particulares. El artículo 128 de nuestra Constitución dice, literalmente, que “mediante la ley se podrá acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiera el interés general”. El interés público de los ceutíes exige que los barcos en los que nos subimos a diario constituyan, de verdad, un servicio público. El interés público de los ceutíes demanda, como lleva haciendo años, una naviera municipal que ponga fin a tanto atropello. ¿Realmente es tan difícil? Más bien, parece que no conviene fastidiar el chiringuito de unos cuantos, de los que realmente mandan aquí y en todas partes, con la complicidad, por supuesto, de sus capataces puestos al frente de las Administraciones Públicas. Ya lo decía un tal Engels: “El estado es el mecanismo por el que la clase económicamente dominante se convierte en clase políticamente dominante”. Que se lo pregunten a los de Acciona.