Cuando Isabel García Tejerina recibió duras críticas por su menosprecio público hacia el nivel educativo de los niños y las niñas de Andalucía, el Partido Popular se mostró indignado ante lo que entendía que constituía una llamada a la confusión por parte de un Gobierno de la Junta que, deliberadamente, estaría haciendo pasar por un ataque a un Pueblo lo que en realidad era un ataque a una serie de políticas públicas. Si bien en este caso concreto las palabras de la ex ministra se veían atravesadas por una realidad histórica incuestionable como es la desigualdad Norte-Sur (con la consiguiente —y continua— caricaturización de los andaluces), no se puede obviar que la polémica abierta planteaba una cuestión fundamental: el uso de la sociedad como escudo del Gobierno.

Sabido es que todo el mundo trata de “vender” la victoria de sus postulados y sus proyectos como la victoria del conjunto, es decir, como el bienestar de todos y todas sin exclusión, el sentido común que debe ser aceptado precisamente porque es sentido común. En definitiva, todo actor político trata de “despolitizar” cada decisión política para que así pueda aparecer no como una opción más entre otras (y por tanto susceptible de crítica o rechazo), sino como pura lógica indiscutible. Para el triunfo de esta operación es imprescindible el discurso que identifica (hasta la nula diferenciación) al ejecutor de las políticas con el total de la ciudadanía: si no existen decisiones políticas, sino meras inercias naturales e inevitables, no hay siquiera Gobierno al que poder atacar; y si no hay Gobierno al que atacar, cualquier ataque contra un Gobierno que no existe sólo puede ocultar un ataque contra la sociedad. Es cierto que el PSOE andaluz, durante cuarenta años de poder, ha recurrido continuamente a esta técnica para evitar asumir sus responsabilidades; pero no es menos cierto que el PP de Juan Vivas, con menos de la mitad de tiempo al frente del Gobierno local, hace mucho que puede darle lecciones.

Por más que hablemos de una práctica común y habitual, no podemos llegar pensar que no existen líneas rojas que, por responsabilidad y vergüenza, nunca deberían ser cruzadas. Hay temas tan sensibles que, aun pudiendo conllevar cierto repliegue de posiciones en la batalla política, merecen ser tratados con todo el rigor y la mesura posibles. La situación de los Menores Extranjeros No Acompañados de nuestra ciudad es, fuera de toda duda, uno de ellos. Sin embargo, a la hora de abordar esta compleja problemática en el último Pleno de la Asamblea, el presidente Vivas optó por aprovechar el momento para regalarnos otro episodio de infame demagogia en su inagotable carrera electoral. Y es que nadie con un mínimo de amor por la verdad puede negar que en Ceuta, por desgracia, el acrónimo Mena es recibido con rechazo e incluso con odio. En lugar de ser depositario de solidaridad, el colectivo más vulnerable de nuestra ciudad es señalado con frecuencia como uno de los principales culpables de todos nuestros males, un hecho, además de injusto, profundamente peligroso que ha de ser combatido desde ya si de verdad deseamos una comunidad sana y decente.

A la hora de analizar cómo hemos llegado hasta aquí, el nefasto papel del Partido Popular en lo que, como partido del Gobierno, tiene que ver con su labor pedagógica es evidente. Para muestra, un botón. En un clima en el que una panda de ultras descerebrados propone encerrar a un grupo de niños en la antigua cárcel de Los Rosales, el parlamentario Guillermo Martínez afirmaba hace unos días, cual pirómano, que “el dinero de los mena se le quita al ciudadano”. Que estas declaraciones incendiarias no hayan ido acompañadas de la entrega de su acta de senador sólo puede obedecer a una normalización tan repugnante como impredecibles pueden ser sus consecuencias. Esta fue la línea argumental seguida por el diputado de Caballas, Juan Luis Aróstegui, en su apelación a la prudencia y la responsabilidad en el Pleno del pasado miércoles. Fue entonces cuando Juan Vivas decidió hacer pasar el señalamiento de un problema y la crítica a una actitud del Gobierno por un ataque frontal contra todo hijo de vecino ceutí para, así, poder erigirse, una vez más, en “defensor de Ceuta” frente al “enemigo de Ceuta”. Según Vivas, decir que “el PP fomenta el odio” es lo mismo que atacar a “la sociedad ceutí”. Si el PP y Ceuta son la misma cosa, la crítica al PP es la crítica al conjunto de los y las ceutíes. Una crítica que se realiza, además, “por un puñado de votos”, algo que afirmó el presidente a sabiendas de que la defensa de los menores extranjeros no acompañados produce todo lo contrario. Su objetivo debiera ser revertir tal situación. Pero no está por la labor. Si eso pasara, los intereses del PP ya no podrían ser presentados como los intereses del común.