- Si salimos a la calle y preguntamos a cien o doscientas personas al azar sobre los quince o veinte principales problemas que asolan a la sociedad española, estoy más que seguro de que ninguno haría referencia a la violencia ejercida por aquellos que se manifiestan en las calles del país.

Es más, algo me dice que si traspasamos nuestras fronteras y comentamos con ciudadanos de otros países desarrollados nuestros datos de paro, desigualdad o precariedad, no serán pocos los que, lejos de llamarnos violentos o vándalos a los españoles, se asombren al dar fe de nuestra capacidad de aguante, tolerancia, civismo y respeto por las leyes y el orden.

Con este panorama, ningún demócrata puede estar de acuerdo con la implantación de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como “Ley Mordaza” o “Ley del miedo”, aprobada el pasado jueves en el Congreso por la aplastante mayoría absoluta del Partido Popular. Esta ley, auténtico atentado a la democracia, que limita derechos fundamentales tales como la libertad de expresión, el derecho a la tutela judicial efectiva o los de huelga y manifestación, que deja a los ciudadanos indefensos ante la posible brutalidad y los abusos de unas Fuerzas del Orden a las que no se podrá grabar en el ejercicio de sus funciones, constituye una perfecta fotografía del momento político en el que nos encontramos: un momento en el que el Gobierno de la Nación, asustado, acorralado e impotente, sólo puede echar mano del miedo y la represión para frenar las justas y legítimas protestas que sus antisociales políticas crean por todos los rincones del estado.

El Partido Popular está K.O. Aún no cuantitativamente, pero desde luego sí cualitativamente. Es un partido corrupto, incapaz de convencer -no digamos ya de ilusionar- y que ha decidido morir matando. Su desprecio por la democracia y los ciudadanos no tiene límites. El Partido Popular detesta que la gente proteste y hable. El ADN franquista que corre por muchos de sus miembros aflora en estos momentos de crisis e incertidumbre. Las máscaras caen y los hijos y nietos del caudillo nos muestran, de forma nítida ya, su verdadero rostro. Feo, desagradable, autoritario, clasista y mediocre.

El Ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, fiel católico de pro cercano al Opus Dei, decía lo siguiente a las voces críticas con las legalizadas devoluciones en caliente de inmigrantes en nuestras costas: “Que me den la dirección y les enviamos a esta gente”. Expresar oposición ante la posibilidad de que las fronteras de Ceuta y Melilla se conviertan, de manera formal y oficial, en agujeros fuera del Estado de Derecho donde todo vale y no se respetan los Derechos Humanos elementales provoca que todo un ministro se sume a decir este tipo de estupideces. Incluso el votante más reaccionario del PP merece algo mejor.