- Para el Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos, el hecho de que Podemos esté a favor de que los catalanes puedan expresar, a través de una consulta, la relación jurídica que desean tener con el resto del Estado, significa que Podemos desea “romper España”.

Es curioso. La democracia debe basarse, ante todo, en escuchar. Para poder llegar a la solución de un problema es imprescindible que la gente pueda hablar, que las partes puedan expresarse, presentar sus demandas, sus necesidades, sus preferencias. Y a partir de ahí, intentar llegar a acuerdos. Pues no. Defender algo tan básico como esto resulta que no es ser demócrata, sino un siniestro destructor del espíritu nacional.

El déficit democrático que demuestran los partidos que han protagonizado la etapa que ahora se cierra no sólo se refleja en la cuestión catalana, sino que encuentra constatación en varios temas. Uno de ellos, acaso el fundamental, está en el hecho de que durante todos estos años de democracia, tanto PP como PSOE se hayan negado a reformar la Constitución para que la Ley Electoral se ajuste de verdad a la proporcionalidad que de ella se espera.

El punto 2 del artículo 68 de nuestra Carta Magna dice que la circunscripción electoral es la provincia. Esto, y no el método matemático de D’Hondt, es lo que produce aberraciones como que el PSOE, habiendo quedado tan sólo a un punto y medio porcentual de Podemos, disfrute de veintiún diputados más en el Congreso de los Diputados; que el Partido Popular posea el 35,1 de escaños con el 28,7 de los votos o que Izquierda Unida-Unidad Popular, con cerca de un millón de votos, se haya quedado en dos diputados cuando debería tener alrededor de quince.

Tenemos una circunscripción electoral de la que nacen parlamentos que no se ajustan a lo votado en las urnas. La voluntad de cambiar tal realidad debería ser un requisito indispensable para ser considerado, de verdad, un demócrata. Debería ser una obligación democrática urgente. Lo contrario es estafar a los ciudadanos.