El Gobierno en el terreno de la legalidad, así como las Instituciones, poseen toda la legitimidad para adoptar las decisiones que estimen en su labor y en las actuaciones que constitucionalmente les corresponden.

El Gobierno actual dispone de mayoría absoluta, que le ha sido otorgada en las urnas por decisión soberana del pueblo español, algo que no ofrece dudas, y que está refrendada como un derecho constitucional. Ahora bien, dejando claro estas premisas, pienso, a mi modo de entender, que los ciudadanos no debemos renunciar a que el funcionamiento democrático del Gobierno y el de las Instituciones pueda ser mejorable, más transparente y más próximo a los derechos de la ciudadanía, respecto a la exigencia de información, explicación y rendición de cuentas sobre actuaciones personales en el ámbito político e institucional.

Estoy de acuerdo con la Vicepresidenta del Gobierno en que las instituciones funcionen y que todos debemos respetarlas, pero ello no es óbice, para que un problema que está creando indudable alarma social, como es el caso Bárcenas, tanto nuestros representantes políticos como el resto de la opinión pública, tengan derecho a que el Presidente del Gobierno, Sr. Rajoy, salga de su tranquila y cómoda posición infranqueable de sus aposentos de la Moncloa, y se dirija al Congreso de los Diputados para responder a los interrogantes de nuestros representantes políticos, así como al resto de la opinión pública, sin plasma y cara a cara para dar las explicaciones que se le pidan, sin más obstáculos que el micrófono y la petición de palabra por los Diputados o los representantes de los medios de comunicación.

Es cierto que la mayoría absoluta le puede facilitar tomar otra decisión. Este hecho nos demuestra que las propuestas del PSOE en sus Diálogos sobre la reforma política en nuestro país, demuestran que es razonable que las mayorías absolutas no deberían limitar el vigor del debate político y que se rechacen las peticiones de comparecencias.

El Parlamento está siendo silenciado ante este tema y la opinión pública sigue pacientemente siendo ninguneada por la máxima autoridad política del Gobierno, sin poder recibir noticias y opiniones directas de éste máximo representante, que además está presuntamente implicado en la contabilidad B de su partido cuando era Ministro, al margen de todo el entramado que presuntamente ha sido permitido desde su organización política, para que su máximo responsable de las finanzas pueda haber actuado a su antojo, ante la financiación del partido político del Gobierno, pago de sobresueldos y enriquecimiento personal, con los millones que ha acumulado presuntamente, a lo largo de las décadas que ha tenido responsabilidad en su partido. El mismo Presidente del Gobierno salió en su defensa, aseverando que no se podría demostrar nada de culpabilidad sobre este cargo del PP.

En este caso la mayoría absoluta está actuando como una barrera para que nuestros representantes políticos y los ciudadanos podamos recibir más información y que la transparencia y claridad del partido gobernante puedan ser asumibles, porque aunque el tema esté judicializado, la falta de respuesta y el miedo a enfrentarse a la opinión pública, lo único que puede alimentar es que junto a las presuntas sospecha, se instale una nube negra sobre todo el caso, que provoque un mayor grado de crisis política ocasionada por la actitud del partido del Gobierno y su Presidente.

Como ha dicho Alfredo Pérez Rubalcaba, Secretario General del PSOE, haciendo alusión a este tema en el reciente Comité Federal refiriéndose al Sr. Rajoy: “Ganar tiempo esta vez no sirve. No sirve a su partido, no sirve a su Gobierno, no sirve a España; ni tan siquiera sirve probablemente a los problemas del señor Rajoy. Esta vez, el tiempo que gana el señor Rajoy es exactamente el mismo que pierde España”.

Al margen de este tema voy a mencionar la paralización del decreto de desahucios de Andalucía, por iniciativa y decisión del actual Gobierno de la nación. Legalmente está en su derecho para ejercer este recurso. Con su mayoría absoluta no tiene problema, pero me parece inadmisible que después de haber recibido el sistema bancario más de cuarenta millones de euros de subvención, gracias a la gestión de los poderes públicos nacionales y europeos, decisiones que permitían favorecer a los ciudadanos con graves dificultades económicas relacionadas con su vivienda, gracias al decreto aprobado por la Junta de Andalucía, sean eliminadas por el Gobierno del Sr. Rajoy.

Mientras a los bancos no se les piden exigencias, las pymes no reciben el crédito que necesitan, las hipotecas se han restringido y una medida que pretendía compensar a las familias con graves problemas por desahucios ha sido paralizada, sin embargo, las instituciones financieras siempre salen beneficiadas. ¿Por qué los ciudadanos no?