1. Una economía respetuosa con los recursos naturales, baja en carbono y condicionada a los efectos del cambio climático como vector de desarrollo.
2. Un gran pacto de país para la planificación y la gestión de una Estrategia de Estado para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, no sólo como un instrumento de seguridad nacional, sino como oportunidad de generación de nuevas actividades, de modernización de nuestro sistema productivo y generación de empleo.
3 Medir el progreso: transparencia, nuevos indicadores de calidad de vida. La riqueza de un país ya no puede medirse exclusivamente en términos de PIB clásico. Son precisas otras herramientas de contabilidad, pero también otra forma de definir objetivos, entre los cuales han de estar los que debe marcarse el Estado en materia de déficit ambiental o de huella ecológica.
4 La solidaridad intergeneracional debe estar presente en la constitución del siglo XXI. Los recursos naturales son bienes públicos que deben quedar a salvo de procesos de privatización, destrucción o degradación, así como el derecho al disfrute de los mismos tanto de las generaciones presentes como de las venideras.
5 Abordar una transición hacia un nuevo modelo energético eficiente, libre de emisiones y accesible a todos los ciudadanos. Los ejes principales de esta transición serán la eficiencia energética y las energías renovables, reduciendo la presencia de los combustibles fósiles en nuestro sistema energético, prohibiendo la autorización de nuevas prospecciones de gas y petróleo y el fracking.
6 Agua para hoy y agua para mañana. La planificación hidrológica debe ser un instrumento eficaz cuya finalidad ha de ser garantizar en el tiempo la disponibilidad de agua en cantidad y calidad suficientes, así como el uso eficiente del recurso atendiendo a las proyecciones climáticas.
7 El Capital Natural de un país es su principal riqueza. La conservación y gestión sostenible del Patrimonio Natural es la mejor póliza de seguros contra los peores efectos