Es muy probable que (casi) nadie sepa de quién estamos hablando. Incluso para usted, Ministra de Trabajo, puede tratarse de un colectivo invisible. Pero existe. Sólo en Ceuta y Melilla, pero existe. Son trabajadores y trabajadoras de nacionalidad marroquí que trabajan en Ceuta (o Melilla) con contratos amparados por una legislación española escueta, incompleta e incoherente en esta materia que genera una situación intrínsecamente injusta impropia de un estado de derecho. Con dos ejemplos muy sencillos se comprende perfectamente el alcance del atropello.

A estos trabajadores se les descuenta un 25% de su salario en concepto de retención del IRPF. Pero como carecen de “domicilio fiscal” y en consecuencia no pueden hacer la declaración de la renta, no se les devuelve lo que en aplicación de la ley le correspondería. Una cantidad más que considerable si tenemos en cuenta que en Ceuta este impuesto está bonificado en un 60%. El Estado español se apropia indebidamente de parte del salario de un trabajador indefenso ante una ley injusta.

Estos trabajadores (y las empresas contratantes) cotizan a la Seguridad Social por desempleo; pero otras normas de aplicación los privan de las prestaciones que la ley reconoce a quienes son despedidos. Tienen la obligación de pagar, pero no el derecho de cobrar.

Esta situación se mantiene en el tiempo de una manera inconcebible sin que ningún Gobierno haya querido abordar el asunto. En esta democracia imperfecta, lo asuntos que no “reportan votos” nunca son objeto de preocupación de los gobernantes. Los trabajadores transfronterizos no votan.

Por si esto fuera poco, y con motivo de la pandemia, su situación de vulnerabilidad se ha visto notablemente empeorada. La frontera esta cerrada y no pueden volver a sus lugares de residencia en los que permanecen sus familias. No puede viajar a la península porque no tienen permiso de residencia. La única condición que se les reconoce en estos momentos es la invisibles. Todas las instituciones implicadas se colocan en modo “Don Tancredo”, mientras un pequeño grupo de personas humildes, trabajadoras, que asumen las tareas más duras y sacrificadas de la sociedad, viven en la zozobra, apartados de sus familiares y allegados ante la más irritante indiferencia de la ciudadanía.

Señora Ministra, desde que asumió su cargo, ha mostrado un elevado grado de sensibilidad social que le ha granjeado la simpatía de no pocas personas. Pero la sensibilidad que no va acompañada de hechos no deja de ser propaganda o promoción. Tiene usted la oportunidad de resolver el problema de un colectivo de personas en una situación de vulnerabilidad intolerable en un sistema democrático. La estatura moral de una nación se mide por su capacidad de combatir las injusticias que se cometen contra las minorías más indefensas y desvalidas. Si queremos construir un país éticamente grande, no podemos permanecer impasibles ante este tipo de hechos.