Comenzaré diciendo que se debe modificar la Ley del Menor y que en el caso de acoso o agresión no sea la víctima la que abandone el centro educativo al que regresan los agresores cuando han cumplido una sanción. Cuando existe una agresión hacia el personal docente no existe ninguna orden de alejamiento para los menores que cometen un delito de agresión y las medidas coercitivas que se les puede aplicar no superan un mes, en los casos más dramáticos.

Sería necesario la creación de un protocolo que defienda tanto a los alumnos como a profesores, víctimas de agresiones.

Es un hecho bastante preocupante que las escuelas estén apareciendo en los sucesos de periódicos estatales y autonómicos. Estos episodios de violencia acaparan la atención pública llegándose a mostrar como una alarma social, debemos considerar que en la actualidad los problemas más comunes en las aulas son los de disciplina, el maltrato entre compañeros (bullyng), el vandalismo y daños materiales y  la violencia física.

Los episodios de violencia como el vivido ayer en un centro educativo de Monteagudo (Murcia), donde un menor de 13 años apuñaló a su profesor, no se deberían considerar como hechos aislados que ocurren de forma espontánea y arbitrariamente, como si fueran meros accidentes, ya que esto está sucediendo con mucha más frecuencia de lo que usualmente podemos pensar.

Lo que se tendría que empezar a hacer en nuestro país (no existen estudios sobre estos actos) es estudiar porqué existe tanta violencia escolar. Los centros educativos se están manteniendo al margen de las dimensiones académicas de la educación (moral o integración social), encontrándose en la actualidad con graves dificultades para articular una respuesta educativa ante comportamientos agresivos de nuestros jóvenes.

Es más que cierto que también están faltos de herramientas y de profesionales en el ámbito de la seguridad, ya que lo que no podemos pedir es que un profesor ejerza funciones que se le escapan de su ámbito, que es la enseñanza. No nos mintamos a nosotros mismos, los eventos de violencia escolar se han producido siempre y seguirán si no se toman medidas contundentes, este fenómeno ahora es mucho más visible porque afecta a más personas. Entre estos actores se encuentran los medios de comunicación, los padres y madres de alumnos y la sociedad en general. 

Lo que es evidente es que ni Asuntos Sociales, ni Fiscalía de Menores a nivel estatal tienen los recursos para afrontar estos nuevos retos que se están generando, y tampoco es ninguna solución internar en un centro de menores a un adolescente, ya que estos mismos se han convertido en una entrada de dinero, que lo único que hacen con el mismo, es dilapidarlo y gestionarlo a su antojo.