A menudo consumimos noticias, información, e incluso de nuestro entorno más cercano, sin reparar en que lo que está sucediendo es, ni más ni menos, una probada injusticia. Verán, según nuestra Constitución, el pueblo es soberano y todos los ciudadanos somos iguales; sin embargo… basta un sólo ejemplo para darnos cuenta de que esto no es así. La paga que recibe una viuda cuyo marido no cotizó lo suficiente a la Seguridad Social es de 421,40 euros al mes, una vergüenza vamos. Que se les considere que no han contribuido: ¡ ja, ja..! Es más, han sido la base de este sistema con su trabajo diario, permanente y en exclusiva, en los peores momentos de nuestra historia. Son muchas las personas que, en nuestro país, como esta señora, sufrieron una dura etapa y ahora se le da la espalda, vergonzoso ¿verdad?

Ya sabemos que las circunstancias actuales nos reclaman ser más conscientes, somos un país con recursos limitados que tenemos una deuda pública descomunal, alta tasa de desempleo, déficits en infraestructuras, en sanidad, educación, justicia, etc; todo, dentro de un entorno deficitario de más del 120% del PIB, por lo que resulta evidente que gastamos más de lo que ingresamos. Aun así, cada día son más las voces que reclaman más derechos para colectivos que son foráneos, que arriban a nuestro país; de ahí la importancia de un contrapoder que exija al Gobierno que priorice a sus ciudadanos.

Estamos sufriendo décadas continuadas de crisis mundiales con pandemias incluidas, donde los efectos económicos están resultando dramáticos. En nuestro país, una minoría muy ruidosa y perseverante se empeña en hacer creer que estamos bien, que estamos en disposición de poder atender las nuevas demandas de los recientes allegados. Ojo con el curioso síndrome ‘la solidaridad’ porque nos puede hacer descarrilar. Nuestro país hace frente a programas de desarrollo en numerosos países de África y América Latina, además de financiar numerosas ONG repartidas por todo el mundo, incluido nuestro territorio.

Pero… no se alarmen, es que es inevitable que los ciudadanos se indignen e impotentes, caigan en la cuenta de hacer comparaciones y cábalas, y deseen un Estado que se preocupe de sus problemas, que priorice; es tanto el malestar que existe que se hace necesaria una llamada de atención al Gobierno para que dedique más recursos a sus ciudadanos. Es legítimo aspirar a una vida digna. 

Ojalá que, en este país, en nuestro parlamento, se ponga tanto interés, se acaloren tanto cuando debatan -si es que lo hacen-, sobre la necesidad de dignificar a las personas que perciben una miserable paga para su sustento. 

A propósito, acabamos de asistir a uno de los asuntos más claros de ineficiencia, torpeza, dejadez e irresponsabilidad política; todo un ritual obsoleto. La polémica se producía por el error cometido a la hora de votar, del parlamentario del PP, Alberto Casero, que daba el sí a la convalidación del Real Decreto sobre la reforma laboral propuesta por el Gobierno, dejando retratados a los ‘no’ partidarios de esta reforma. Al final, puede que la torpeza de este diputado haya hecho justicia. Un error “reparador” que ha dejado en evidencia a 174 parlamentarios que, en ningún caso, les motivaba el interés general. Esta votación ha dejado a cara descubierta a una mala oposición que va, desde la extrema izquierda a la extrema derecha, todo un frente que incluía fuego amigo.