Por primera vez, el Buen Gobierno Corporativo es materia de ley. Una Comisión de Expertos creada por el Gobierno ha propuesto los cambios normativos correspondientes. En un plazo de dos meses, el Gobierno completará la reforma como un Código de Buen Gobierno Corporativo y la incorporará al código mercantil. La reforma trata de situar los estándares nacionales al más alto nivel en el contexto internacional.

La reforma reforzará el papel de los accionistas en la estrategia de la empresa y el control de las retribuciones para prevenir abusos: Los accionistas tendrán mucho más que decir en la gestión de una empresa. Control de las retribuciones: la retribución de cada consejero será decidida por Junta, que creará un detallado plan de retribuciones.

El límite del mandato de consejeros pasará a un máximo de cuatro años, frente a los seis actuales y deberá contar con dos tercios de los votos. Habrá más protagonismo de los accionistas minoritarios porque baja el número de acciones necesarias para asistir a la junta general de accionistas de 5 a 3%.

Más transparencia e independencia de nombramientos: se definen las modalidades de los tipos de consejeros y se incorpora el deber de diligencia y lealtad a las funciones del presidente y secretario.

Con esta reforma, el Gobierno da un paso más para incrementar la transparencia corporativa: el Gobierno ha sido el primero que limitó los sueldos de los directivos de las entidades intervenidas; ya ha aprobado un Real Decreto de Honorabilidad de Banqueros, que refuerza los criterios de profesionalidad de la alta dirección de entidades bancarias; y ya ha puesto en marcha una reforma de la ley de cajas, que mejora la profesionalidad tanto de cajas como de fundaciones bancarias.