Una animadversión que beneficia al Partido Popular, cuyo electorado parece más proclive a perdonar los pecados de los populares, a pesar del manto de corrupción que los cobija. Madrid y Valencia, urbes en las que se concentran las irregularidades de la trama Gürtel, son buen ejemplo de ello. Los de izquierdas, sin embargo, somos más autocríticos y a la izquierda, los escándalos de corrupción, incumplir lo pronunciado o errar en sus decisiones, suele acarrearle graves consecuencias, a rentabilidad, siempre, del catálogo ‘popular’. Cada vez que los votantes socialistas deciden ‘sancionar’, generalmente quedándose en casa el día que toca votar, el PP incrementa significativamente su saco de votos.

Los 10 millones y medio de sufragios que constituyen su electorado “estable”, han llevado al PP a perder elecciones, ganarlas por simple mayoría en 1996, por mayoría absoluta 2000, volver a perderlas en 2004 y 2008 y volver a ganarlas con una renovada mayoría absoluta en los últimos comicios generales de 2011. Es evidente que todo depende, en realidad, de la movilización del voto de izquierdas.

Esta veteranía, constatada por los líderes del PP, se traduce en que la corrupción no perjudica igual al partido de la gaviota que a la izquierda. Hasta ahora. El desempleo, la crisis económica, los desahucios, el copago farmacéutico, los recortes en sanidad y educación... y para colmo los sobres sorpresa, están generando cicatrices en toda la ciudadanía, independientemente del color de su voto. Y si antes una parte de ésta se presentaba más o menos comprensiva, el drama humano pluralizado consecuencia de las medidas del Ejecutivo de Rajoy, ha derivado en que esa tolerancia de ayer, hoy pierda firmeza y solidez. Las encuestas de la calle, las que más se parecen a los resultados del escrutinio final, indican que, ahora sí, los casos de corrupción que ahogan al Partido Popular pasan factura a su inflexible brazo electoral.

Que Fiscalía dé por confirmada la existencia de una contabilidad B en el Partido Popular y no poder continuar afirmando que nada tienen que ver con eso y que es una trama urdida contra ellos, ha llevado al PP a desplegar sus alas mediáticas con el objetivo de magnificar cualquier asunto que pueda afear la honradez del resto de partidos. La trama Gürtel y el caso Bárcenas, han hecho mella en sus votantes. Que un ex tesorero popular como “Luis El Fuerte”, haya podido sisar hasta 48,2 millones de euros, hace imposible imaginar a cuánto ascienden las prebendas destinadas a lucrar a las empresas y que, presuntamente, se habrían traducido en comisiones millonarias para el PP. Experta en la técnica del avestruz, la dirección de la organización, es incapaz de levantar cortafuegos entre sus implicaciones pasadas y el esfuerzo por recuperar la confianza en su electorado. Esta vez la política de baja calidad que ejercen no les va a salvar. Es hora de que la cúpula dé la cara y asuma el precio político que toque.

A estas alturas resulta más que evidente la imposibilidad del los de Rajoy de pasar página sobre los graves hechos descubiertos por fiscalía, policía y la justicia. El Partido Popular adivina que la Gürtel es una herida abierta y gangrenada de imprevisible desenlace. De ahí, que el caso de los ERE de Andalu-cía se haya convertido en el bálsamo con el que aliviar su epidemia, aunque sea a costa de contagiar a la ciudadanía con la bacteria del "todos son iguales". Sin embargo y, sin suprimir ni un solo gramo de gravedad a los ERE, los populares son conscientes que ambos casos no tienen parangón, por lo que éstos han decidido a propagar toda su artillería infectada en busca del “y tú más” y el “todos son iguales”, chascarrillos en los que parecen confiar más que, en amputar sus propias extremidades ne-crosadas.

No quisiera parecer abanderada del “Y tú más…” y comulgo absolutamente con la afirmación de que “cualquier corrupto tiene que ir a la cárcel” pero, pretender encontrar similitudes entre ambos casos, es tan desproporcionado como comparar un liliputiense con cualquiera de los hermanos Gasol. Es urgen-te graduar al milímetro la lente de la fiscalización y que ni un solo céntimo camine sin control de la Intervención del Estado.

Y he aquí la diferencia fundamental: tanto Chaves como Griñán fueron, los que de forma voluntaria, solicitaron declarar ante el Supremo para, según ellos, “limpiar la duda de su honorabilidad”, porque, a día de hoy, no se les atribuye ningún delito. Ya lo dijo Pedro Sánchez: “Si cuando comparezcan ante un juez se les imputa algún delito, tendrán que abandonar su escaño”. Me quedo con eso.